Arévalo se reunió con alcaldes presuntamente vinculados con estructuras criminales
La reunión entre el diputado de Semilla y presidente electo, Bernardo Arévalo, con un grupo de alcaldes, tuvo una cobertura muy favorable de los informativos, que sin embargo omitieron mencionar los señalamientos de vínculos criminales que pesan por lo menos sobre tres de estos jefes ediles. Lo increíble es que ni el Ministerio Público (MP), ni el Tribunal Supremo Electoral (TSE), objetaron estas candidaturas, pese al pasado de los candidatos.
Roxana Orantes Córdova
El 23 de septiembre, Bernardo Arévalo y Karin Herrera se reunieron en un hotel capitalino con un grupo de alcaldes que, si bien no alcanzó la totalidad de los electos recientemente, constituye una pequeña muestra sobre cómo personajes con más de un señalamiento criminal ocupan el poder local en Guatemala, hecho documentado desde hace años por el Ministerio Público (MP) y los medios.
Varios de los alcaldes electos tienen pasados oscuros y están señalados de relación con estructuras de narcotráfico y sicariato, explica un ex fiscal del Ministerio Público (MP), que participó en una investigación de la CICIG llamada Sobornos de fiscales del Alto Mando del MP.
En esta investigación se documentó la relación entre agentes del MP y narcotraficantes, aunque finalmente, Thelma Aldana e Iván Vélasquez ordenaron no judicializarlo, asegura el ex investigador.
La narco política es vox pópuli en Guatemala, y son ampliamente conocidos varios diputados cuyos familiares y parejas fueron extraditados o procesados por esa actividad criminal.
Además, muchos de estos legisladores son familiares de los caciques locales que terminan perpetuándose en las alcaldías bajo la bandera de diferente partido en cada elección.
Y de estos caciques, varios tienen nexos criminales señalados por el MP, si bien pese a las investigaciones y en algunos casos, hasta procesos o capturas anteriores a su última postulación.
Con algunos de estos alcaldes se reunió Bernardo Arévalo el 23 de septiembre, con beneplácito de los medios que le dieron cobertura favorable sin mencionar la identidad de algunos de estos funcionarios recién electos.
En la reunión, el presidente que tomará posesión el 14 de enero, ofreció que en sus primeros cien días de gobierno trabajará en abaratar el servicio de energía eléctrica, tratamiento de agua residual, educación y contención de las migraciones ilegales. Todos estos propósitos, están contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 de la ONU.
La foto que puede ser comprometedora
Las fotografías con determinados personajes pueden ser el peor enemigo de los políticos, y en este caso, de casi 200 alcaldes que, según los medios, acudieron al encuentro, Bernardo Arévalo y su vicepresidente, resultaron retratados con alcaldes de municipios en Jutiapa:
Oscar Edilberto Pineda Barahona (Cabal), alcalde de Jutiapa; Juan Carlos Rodríguez Quiñonez (Todos), electo alcalde de Atescatempa y el “brazo derecho” de Francisco Guardado Lemus, del comité COCIMI, reelecto alcalde de Asunción Mita.
Una información que circuló en chats, señala a los tres personajes de vínculos criminales y otros delitos.
El ex fiscal del MP mencionado anteriormente afirmó que dicha información no solo es verídica, sino pública y que más de una vez, medios de comunicación publicaron notas detallando las supuestas actividades criminales de estos personajes.
De narcotráfico a sicariato, pasando por trata de personas y lavado de dinero, muchos delitos fueron atribuidos a estos candidatos, sin que los encargados de seguridad de Arévalo lo alertaran de los riesgos que implican para él fotografiarse con personajes que públicamente son conocidos por presuntos nexos criminales.
Y al margen de si Arévalo desconocía el pasado de los alcaldes mencionados, el hecho de que se hayan postulado y resultado electos, plantea varias preguntas:
¿Cómo y por qué, en Guatemala se pueden postular, elegir y hasta reelegir, políticos con dudas tan serias sobre su integridad? ¿Cuál es la función de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP y qué hace el TSE? ¿O acaso dichos señalamientos no son un obstáculo para los entes que debieran encargarse de la “pureza” del proceso electoral?
