CC anula orden de cancelar a Semilla
La CC reafirma la validez del proceso electoral y advierte al juez Fredy Orellana por posibles excesos.
Redacción
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la resolución emitida por el juez Fredy Orellana, quien había ordenado la nulidad del partido oficial Movimiento Semilla y de su comité pro formación.
El pleno de magistrados resolvió con lugar una solicitud de debida ejecutoria, en seguimiento a la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2023, dentro del expediente 6175-2023, lo que implica la plena vigencia de las garantías constitucionales derivadas de ese fallo.
Según la CC, las decisiones del juez Orellana vulneraron derechos fundamentales como el de elegir y ser electo, y amenazaron la estabilidad del sistema democrático y republicano. El tribunal advirtió que sus actuaciones ponían en riesgo el orden constitucional y la soberanía popular, principios que la Constitución protege.
“La decisión busca preservar la justicia y la paz en el proceso electoral, velando por la alternabilidad en el poder y la vigencia del régimen democrático”, subrayó la Corte en su comunicado.
Resoluciones anuladas
La resolución de la CC anula todas las actuaciones del juez Orellana en la audiencia del 24 de octubre de 2025, incluida la declaratoria de nulidad absoluta de la inscripción del partido y del comité pro formación de Semilla.
También quedaron sin efecto los oficios remitidos ese mismo día a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante los cuales se notificó la ejecución de las resoluciones que ahora quedan invalidadas.
La Corte advirtió al juez Fredy Orellana y recordó que los resultados del proceso electoral son inalterables y que cualquier intento de desconocerlos vulnera el orden republicano del Estado.
El alto tribunal también hizo referencia al delito de prevaricato, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, que sanciona a los jueces que dicten resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos. Esta mención fue interpretada como un llamado directo a la responsabilidad judicial.
