¿Veto a la ley botín de los políticos? ¿Arévalo está dispuesto a dispararse en el pie?
Bernardo Arévalo criticó el decreto 07-2025, que plantea exactamente lo mismo que la iniciativa 6388 o decreto 27-2024: permitir que los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), mantengan en su poder los fondos de obras inconclusas. La única diferencia entre ambos decretos es el mapa de fuerzas en el Congreso, donde aparentemente, el oficialismo se dividió en tres bandos y personajes como Luis Aguirre parecen distanciados del gobierno.
Licencia para corrupción y mal manejo de fondos fue el término usado por analistas de ambos bandos en 2024, cuando Julio Héctor Estrada, Adim Maldonado, Felipe Alejos y Sandra Jovel promovieron darles carta blanca a los CODEDES, premiando la ineficiencia al permitir que mantuvieran los fondos de obra no ejecutada.
Julio Héctor Estrada, desde la Comisión de Finanzas, dio su visto bueno a la normativa temporal de 2024 sin la opinión de los entes rectores para este tipo de modificaciones a la ley que rige el presupuesto.
En 2024, 30 diputados de Vamos, 22 independientes (Semilla), 22 de la UNE, 11 de VIVA y 9 de Valor, aprobaron la ley. En aquel momento, Samuel Pérez la defendió argumentando que era «una propuesta temporal».
Ahora, la misma ley fue promovida por Luis Aguirre (CABAL) y Allan Rodríguez (VAMOS), quienes propusieron su discusión de urgencia nacional y lograron su aprobación.
Además de los referidos y los 105 votantes del decreto 07-2025, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, del Partido Unionista (PU), amenazó con protestas si Bernardo Arévalo veta la normativa. Igualmente, los alcaldes de Sololá y otros departamentos se oponen al veto.
Como respuesta, Arévalo y Jonathan Menkos, entusiastas en 2024 de firmarles cheques en blanco a los CODEDES, ahora amenazan con vetarlo.
La decisión es arriesgada y al parecer, Arévalo oscila entre el compromiso con grupos de izquierda que exigen el veto y el tiro al pie que le significaría cumpliles a sus amigos. Si veta, se buscará una confrontación innecesaria, pero además, si lo veta podría quedar en ridículo, ya que el Congreso tiene 15 días para recibir el decreto y puede obligar al Ejecutivo a sancionar la ley, «si cuenta con mayoría calificada».
No puede desestimarse que «mayoría calificada» en Guatemala son 107 diputados la ley de la discordia se aprobó con 105 votos. Los beneficios que ofrece el clientelismo para los CODEDES, plasmado en la ley de 2024, podrían ser el argumento más convincente para que los promotores de la normativa obtengan los dos votos que les faltan para eliminar el veto presidencial. Sumado a esto está la importancia que este clientelismo tiene para la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, donde al parecer, el oficialismo no lleva las de ganar.
A Arévalo no le conviene vetar la ley. Hacerlo representará una muestra de debilidad y destapará la realidad de un Congreso atomizado en facciones con un equilibrio de fuerzas que no parece favorable al mandatario, quien al atacar la misma normativa que otrora sus alfiles promovieron, asegura que su gobierno «quiere ver obra ejecutada, obra física», en lo que parece ser un desvarío o un enorme sarcasmo, tomando en cuenta que durante todo este gobierno no se ha construido ni siquiera un kilómetro de carretera.
