«Una acción a favor del país»: Becquer Chocooj habla sobre el amparo que interpuso ante la CC
A favor de Guatemala, para defender el Estado de Derecho y apegado a fallos anteriores de la Corte de Constitucionalidad (CC), son los principales argumentos que llevaron al diputado Becquer Chocooj, de CABAL, a interponer una acción para evitar la vigencia de un presupuesto que amenaza con mayor endeudamiento y crisis económica para el país.
Redacción
El 27 de noviembre, en una sesión maratónica que abarcó diecisiete horas de trabajo intenso, y durante la cual se cometieron múltiples irregularidades y se exhibieron todos los vicios de la política más clientelar y marrullera, se aprobó la iniciativa 6444, que establece el Presupuesto General de la Nación 2025, con 140 votos a favor de que el Estado pueda disponer de Q148,526 millones, aunque se estima con mucho optimismo, que el fisco recaudará Q109.30 millones en 2025.
«La aprobación estuvo viciada», expone el legislador, quien recuerda que en el hemiciclo hubo coerción a la expresión de legisladores (a él le impidieron expresarse); además de otras irregularidades no mencionadas por él en esta entrevista.
Becquer Chocooj pretende que la CC deje en suspenso el presupuesto aprobado por el Congreso el 27 de noviembre. Según explica, la base para calcular las asignaciones privativas asume que el fisco recaudará Q109 mil millones en 2025. Esta recaudación es la base para que se calculen las llamadas asignaciones privativas: USAC, IGSS, Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), municipalidades, INCAN y otros.
Sin embargo, el presupuesto de Q149 mil millones entra con un déficit de Q30 mil millones, lo que implicó que todas las asignaciones a las entidades mencionadas fueran rebajadas sin que ningún legislador objetara, por ejemplo, que el IGSS, la ENCA o el INCAN se verán muy afectados el próximo año.
Esto, explica, independiente del manejo que cada entidad de las que reciben fondos privativos haya hecho anteriormente, lo cual evidentemente es otro tema.
Cuando el diputado Chocooj intentó presentar objeciones a la reducción inconstitucional de estos fondos privativos, la Junta Directiva le vedó el uso de la palabra, explica.
Además, «el presupuesto no es sólido técnicamente». Esto, señala porque no presentaron ningún plan de ejecución, lo cual afecta la confianza y la certeza jurídica. Sumado a ello, se prevé un manejo irresponsable de la macroeconomía y el país podría entrar en un escenario donde sus pocos atractivos para la inversión extranjera hayan desaparecido.
Por ello, concluye, presentó la acción constitucional de amparo y se encuentra a la espera de que la CC emita un fallo considerando antecedentes como los de 2013 y 2019.
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