UE descalifica investigación del MP y amenaza con “sanciones”
La Unión Europea (UE) anunció su plan para imponer «sanciones» dirigidas a instituciones y funcionarios guatemaltecos que, según indicaron, están intentando anular el proceso electoral en el país. Esta advertencia surge tras la revelación de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público (MP) sobre las presuntas ilegalidades perpetradas por el partido político Movimiento Semilla, así como por las irregularidades detectadas durante las Elecciones Generales del 2023.
Redacción
A pesar de las declaraciones del gobierno guatemalteco actual, que rechazan la afirmación de la Unión Europea (UE) sobre el «intento de golpe de Estado» en el país, el embajador de la UE en Guatemala, Thomas Peyker, anunció el pasado domingo que los 27 países miembros están preparando medidas de «sanciones» en respuesta a las investigaciones del Ministerio Público (MP).
«Como Unión Europea estamos preparando sanciones en el marco de medidas restrictivas dirigidas contra los responsables del intento de golpe de estado en Guatemala. #DemocraciaEnPeligro«, ha publicado Peyker en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
«Hemos acordado adoptar marco de medidas restrictivas dirigidas contra los responsables», dijo Josep Borrell, Alto Representante de la Política Exterior de la UE, en un mensaje publicado el sábado.
MP presenta caso Corrupción Semilla, así como múltiples presuntos delitos del TSE
El pasado viernes 8 de diciembre, en conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) presentó los resultados preliminares del caso “Corrupción Semilla” que implica al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al partido Movimiento Semilla. Así como un grupo de funcionarios extranjeros que buscan entorpecer el trabajo del ente investigador.
La fiscalía a cargo del caso, solicitó el retirar el antejuicio Bernardo Arévalo; Karin Herrera y Samuel Pérez, miembros de Semilla y órdenes de captura para Cinthia Rojas, miembro de Semilla que dio fe de la validez de las firmas de adhesión; Jaime Gudiel, de la empresa que cobraba Q.7 por firma; Jorge Santos Neill, director informático del TSE y Alejandra Chiroy, directora del departamento de Registro de Ciudadanos y elaboración de padrones.
Los delitos expuestos abarcan una amplia gama de irregularidades, desde la inscripción anómala del partido Semilla, hasta indicios de financiamiento electoral no declarado por parte de esa agrupación política. Además, se señalan irregularidades en los informes de ingresos del partido. Destaca la presunta implicación de dos entidades extranjeras como posibles financiadores: el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y la Fundación Friedrich Ebert.
Además de estas cuestiones, se han identificado donaciones sin respaldo y una transacción de carácter sospechoso, la cual fue certificada por Andrea Reyes Zeceña, abogada del partido Semilla. Este último hecho involucra una declaración jurada de Diana Benavides, actualmente detenida en relación al caso del Edificio Fantasma, la adquisición del cual provocó la huida del país de la ex fiscal Thelma Aldana.
Durante la conferencia de prensa, Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público (MP), señaló que el pueblo de Guatemala fue víctima de una estructura criminal. En respuesta a una exhortación de la Corte de Constitucionalidad (CC), el MP tiene la obligación de informar de manera oportuna al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las evidencias significativas recolectadas.
El secretario del MP hizo hincapié ante la comunidad internacional en que el MP actúa en concordancia con la Constitución Política de la República y las instituciones del país. Asimismo, aclaró que el MP no está sujeto a subordinación por parte de ningún organismo internacional. «Rechazamos cualquier insinuación abusiva y tenemos el derecho de actuar a nivel internacional», subrayó.
