Rodas obtiene asilo en España y refuerza narrativa de persecución que él mismo ayudó a construir

El exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, quien durante años operó con peso político dentro del sistema de justicia guatemalteco, confirmó que recibió asilo político en España, una decisión que ahora utiliza para apuntalar el discurso de que en Guatemala existe una persecución sistemática contra exfuncionarios críticos del poder.

Redacción

Rodas, que en su momento ejerció influencia directa en instituciones clave, salió del país sin enfrentar los procesos que él afirma desconocer, aun cuando fue él mismo quien sostuvo públicamente que tenía plena confianza en el aparato judicial durante su gestión.

Su caso se suma a la lista de exoperadores de justicia, fiscales y activistas que optaron por abandonar Guatemala tras recibir citaciones o enfrentar investigaciones, y que desde el extranjero alimentan la narrativa de que todo proceso en su contra equivale a criminalización.

Esta postura contrasta con su propia trayectoria, especialmente en los años en que figuras como Rodas y otros actores cercanos a la CICIG ejercieron influencia para moldear decisiones judiciales y colocar agendas políticas bajo el discurso de “lucha anticorrupción”.

Ahora, desde España, Rodas presenta su situación como evidencia de un supuesto deterioro institucional, sin reconocer que muchos de los conflictos, distorsiones y fracturas del sistema de justicia actual tienen raíces en las mismas prácticas de selectividad, presión mediática y uso político de expedientes que caracterizaron parte de su gestión y la de quienes operaron a su lado.

Durante su paso por la PDH, Rodas se convirtió en un referente de la agenda impulsada por organismos internacionales y por sectores que defendían la intervención de estructuras externas en la justicia guatemalteca.

Ese respaldo le permitió visibilidad política y proyección personal, que luego trasladó a intentos electorales como su fallida candidatura a rector de la USAC y la frustrada dupla presidencial junto a Thelma Cabrera. Ambas jugadas consolidaron su imagen de actor político antes que de funcionario técnico.

Hoy, su asilo sirve como combustible para el relato de que todo cuestionamiento, auditoría o investigación a una figura vinculada a la antigua élite anticorrupción es automáticamente una persecución política.

Un argumento cómodo, pero que evita un punto central: si el sistema era tan confiable cuando ellos lo dirigían, ¿por qué se volvió inservible solo cuando deben rendir cuentas?

Mientras Rodas celebra su estatus de asilado, Guatemala sigue atrapada entre dos extremos: un Ministerio Público cuestionado y exoperadores que usan el refugio internacional como escudo político.

Al final, ninguna de estas posiciones aporta al fortalecimiento real de la justicia; solo profundizan la polarización y mantienen un país dividido entre relatos que esconden más de lo que explican.