MP solicita retiro de inmunidad en contra de los magistrados del TSE
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) solicitó retiro de antejuicio contra los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por las posibles irregularidades en el contrato para adquirir el sistema TREP.
Redacción
Este 27 de septiembre, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud para retirar la inmunidad a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por firmar un contrato con la empresa DATASYS para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).
Los magistrados del TSE podrían enfrentar cargos por tres delitos: fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Magistrados del TSE habrían cometido tres delitos
De acuerdo con el ente investigador, los magistrados del máximo órgano electoral posiblemente abusaron de su cargo al suscribir el contrato administrativo del Programa Informático para la TREP. El MP ha logrado identificar posibles irregularidades en la adjudicación, como en la suscripción que “permitió la consignación de varias ilegalidades en claro abuso de autoridad”.
Además, el MP considera que las anomalías en el contrato permitieron la no supervisión independiente del software. Debido a que DATASYS, S.A.; como proveedor recomendó a la entidad PODERNET, usurpando funciones públicas y propias del TSE, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos.
Lo anterior podría considerarse una acción ilegal, al presentarse un claro conflicto de intereses, al no existir una supervisión objetiva. Según el MP, los magistrados probablemente omitieron realizar una función propia de su cargo.
“El TSE omitió el control de la sumatoria y la transmisión de los datos, puesto que la misma se hizo a través del proveedor extranjero de origen mexicano (PODERNET), el cual no estaba supervisado”, dice el comunicado del MP.
Sobre el delito de fraude, el MP explica que los magistrados habrían cometido este delito al autorizar la adjudicación y la aprobación de la suscripción del contrato administrativo con DATASYS GUATEMALA S.A., misma que al momento de presentar su oferta, lo hizo por Q148,850,250. Mientras que la otra entidad ofertó por la cantidad de Q113,957,424.
“Los señores magistrados, posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado del software adquirido, el cual debió incluir dentro del contrato el hardware operativo”, concluye la fiscalía.
