Los gobiernos izquierdistas y sus fallidas reformas constitucionales
En 2023, Gabriel Boric hizo el último intento para reformar la Constitución chilena, con una sonora derrota al gobierno que la proponía. Ayer, el mundo fue testigo de las protestas emprendidas por cientos de miles de colombianos contra la propuesta de Gustavo Petro, quien intenta reformar la ley fundamental de su país, acción que parece una consigna común a todos los gobiernos de izquierda socialista en la región.
El trasfondo de esta pretensión fue evidente en Venezuela (2007) y aunque es demasiado burdo, fue real que Hugo Chávez pretendió reformar la Constitución de su país para usufructuar el gobierno de forma indefinida. Aunque no lo logró, los vicios en el sistema electoral instalados en Venezuela, tienden a garantizar que el poder se perpetúe para el heredero chavista.
En Guatemala, desde 2011 grupos de izquierda avalados por la ONU intentan modificar la Carta Magna. Durante la gestión de Francisco Dall`Anese ya se mencionaba el tema, avalado por organizaciones provenientes de la extrema izquierda. Sin embargo, la propuesta cuajó en 2016, cuando Iván Velásquez, Thelma Aldana y el embajador estadounidense Todd Robinson se «empoderaron» luego de deponer a Otto Pérez Molina.
La propuesta de reforma constitucional de Robinson y Velásquez fue muy cuestionada por constitucionalistas guatemaltecos, y finalmente no logró imponerse, aunque diputados como Mario Taracena reconocieron que se trataba de «órdenes en inglés».
Guatemaltecos indignados por los despropósitos de la propuesta, que atentaba no solo contra la dignidad de la nación sino contra el sentido común, lograron que no fuera aprobada.
Hoy, con Bernardo Arévalo en el gobierno, es preciso recordar que la primera candidata de Semilla fue Thelma Aldana, y aunque una orden de captura por la compra irregular de un edificio la obligó a huir del país, el tema de la reforma constitucional está latente.
No sería raro que la «nueva primavera» sorprenda a los guatemaltecos con una nueva propuesta de reforma constitucional, apoyada incondicionalmente por los financistas del gobierno y por las ONG´s que son beneficiarias de los mismos «benefactores».
Guatemala no necesita una nueva Constitución. Necesita infraestructura, seguridad y facilidades para la inversión. Sin embargo, los que pretenden llevar al país hacia situaciones críticas en términos de inflación, desempleo y violencia, seguramente insistirán en promover cambios a la ley fundamental de la República.
Los guatemaltecos debemos estar atentos para no permitir que un absurdo como este se lleve a cabo y, de ponerse el tema en la mesa, dichas reformas tengan la misma suerte que las mencionadas anteriormente.
