Elecciones del CANG: Entre la defensa de la institucionalidad y la influencia de la agenda progresista
El proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para el periodo 2025-2027 representa una encrucijada para la certeza jurídica y la institucionalidad del país. Con nueve planillas inscritas, entre ellas una afín al partido del Gobierno, las declaraciones de expertos como Moisés Galindo y Amanda Santizo arrojan luz sobre los desafíos y riesgos que enfrenta esta elección.
María Saravia
Moisés Galindo, abogado y analista, advirtió que estas elecciones no solo afectan al gremio de abogados, sino a todos los guatemaltecos, ya que el futuro del Estado de derecho está en juego.
“Los abogados deberán elegir entre dos opciones claras: darle más poder al gobierno y permitir que avance la agenda progresista o fortalecer la institucionalidad mediante un equilibrio de poderes”, enfatizó.
Según Galindo, el crecimiento del gremio —que ahora cuenta con alrededor de 45 mil agremiados— y el papel ampliado del CANG en procesos clave, como la elección de magistrados, fiscales y autoridades del TSE, hacen de este proceso electoral un punto de inflexión.
Para el abogado, es crucial observar este escenario, pues la pérdida de institucionalidad exponen al país a un deterioro sistémico. Tal como lo señala Moisés Galindo, la crisis institucional vivida durante el último proceso electoral, ha tenido consecuencias profundas a nivel económico, social y político, afectando a todos los guatemaltecos.
Una elección crucial
Galindo subraya que la falta de certeza jurídica contribuye a la politización de la justicia, algo que ya ocurrió durante la extinción de la CICIG, un período en el que se vivieron serios atropellos a los principios de independencia judicial y debido proceso, dejando un impacto negativo en la confianza del pueblo y en la integridad.
“La falta de certeza jurídica lleva a una justicia politizada, como ya vivimos en la época de la extinta CICIG, cuando se cometieron atropellos que degradaron la institucionalidad”, concluyó Galindo.
En este contexto, identifica cuatro grupos principales en contienda. Por un lado, están aquellos vinculados a los intereses del partido del gobierno y organizaciones internacionales con agendas progresistas. Otro grupo lo conforman abogados experimentados que, aunque buscan mantener la institucionalidad, podrían plegarse a intereses oficialistas.
También están los abogados con menor experiencia, que han surgido de esta dinámica y que buscan preservar la certeza jurídica, aunque con menor incidencia. Finalmente, existe un grupo comprometido con la defensa de la institucionalidad y la certeza jurídica, que rechaza cualquier alineamiento con agendas progresistas.
Galindo advirtió que un proceso viciado o sin transparencia podría minar no solo la confianza del gremio, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones fundamentales del país, generando un impacto negativo en la estabilidad económica, social y política de Guatemala.
Por otro lado, para el abogado, es esencial prestar atención a este escenario, ya que cuando el Estado pierde su institucionalidad deja al país vulnerable y expuesto a un deterioro sistémico. crisis institucional ha sumido al país en momentos críticos, como el reciente proceso electoral, cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas aún resuenan. Además, la ausencia de certeza jurídica fomenta una justicia politizada, como ocurrió durante la época de la extinta CICIG, donde se evidenciaron atropellos significativos.
Una oportunidad para rescatar la ética del gremio
Amanda Santizo, por su parte, subrayó la relevancia del CANG en la elección de autoridades clave, como la Fiscalía General, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, y denunció que estas elecciones están bajo la mira de intereses políticos y presiones extranjeras.
«Debido a su importancia, la elección del CANG está bajo el asecho de organizaciones con vínculos a estructuras políticas y presiones extranjeras que responden a la ONU y organismos supranacionales que irrespetan nuestra individualidad como Nación» alertó la abogada.
Según Santizo, estas injerencias no solo atentan contra los principios republicanos, sino que también perpetúan la corrupción y la politización de la justicia.
“El gobierno, en conjunto con embajadas y organismos supranacionales, está impulsando planillas para tomar el control del CANG, como ya ocurrió en el Congreso y el Organismo Judicial”, afirmó Santizo.
La abogada también criticó la falta de ética en algunos grupos inscritos, a quienes señalaron de convertirse en mercaderes que se venden al mejor postor, incluyendo embajadas y el gobierno de turno. Para Santizo, la única forma de contrarrestar esta situación es que los profesionales del derecho retomen la ética y la moral como principios fundamentales.
«Como abogados, debemos ser un contrapeso al poder político de turno, para fortalecer las instituciones y ofrecer servicios públicos eficientes que alivien los problemas que enfrentan los guatemaltecos» manifestó Santizo.
Ambos expertos coinciden en que estas elecciones no son un asunto exclusivo del gremio, ya que la estabilidad de las instituciones públicas y el futuro del país dependen de los resultados. La atención de los abogados y de la sociedad en general estará puesta en el diseño de este proceso, que podría marcar un punto de inflexión para el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala.
