El poder de los Codedes: ruta hacia la opacidad con Q9 mil millones bajo su control
El Congreso rompió con semanas de parálisis legislativa para aprobar, de urgencia nacional, el decreto 7-2025: una norma que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a retener y ejecutar en 2026 los recursos públicos que no utilicen en 2025. La decisión abre la puerta a que manejen hasta Q9 mil millones sin devolverlos al Estado y sin mayores mecanismos de fiscalización.
Redacción
El nuevo marco legal concentra aún más poder en los Codedes, estructuras que históricamente han sido señaladas por su uso político y clientelar. Para diputados opositores, el Congreso acaba de entregarles una “caja chica” de proporciones inéditas justo en la antesala del año preelectoral.
Estrategia de control de fondos
La maniobra legislativa se dio con 108 votos a favor, en una sesión relámpago que alteró la agenda sin dictamen previo. El resultado: una ley de apenas cuatro artículos que, en nombre de la “agilización del gasto público”, elimina controles, reduce plazos de revisión y blinda a los Codedes para manejar fondos con mínima supervisión.
El artículo 3, por ejemplo, dispone que cualquier solicitud de inversión que no reciba respuesta en cinco días quedará automáticamente aprobada. Este tipo de disposiciones recuerda intentos previos de flexibilizar el gasto, incluso en la época en que Julio Héctor Estrada dirigía el Ministerio de Finanzas, cuando se advertía sobre el riesgo de debilitar la cadena de control en proyectos de inversión. Hoy, Estrada participa en el Congreso como diputado y, según analistas, su papel resulta clave en esta ruta que afianza a los Codedes como gestores privilegiados de los fondos públicos.
El espejismo de las “buenas intenciones”
A primera vista, la reforma se presenta como un instrumento para acelerar el desarrollo. Sin embargo, la historia reciente demuestra que el problema de los Codedes no es la falta de recursos, sino su deficiente planificación y la utilización política del dinero. No es raro que un alcalde quede marginado de los proyectos simplemente por no ser afín al gobierno de turno.
Entre 2010 y 2023, los Codedes recibieron asignaciones que superaron los Q2 mil millones anuales, alcanzando en 2023 un techo de Q4,386.9 millones. Pese a estas cifras, su ejecución promedio fue de apenas 78.2 %, lo que deja claro que el cuello de botella no estaba en los fondos disponibles, sino en la incapacidad para transformarlos en obras concretas.
Con la llegada del nuevo gobierno y el respaldo político de Estrada desde el Legislativo, se puso en marcha una estrategia de ampliación de recursos bajo el argumento del “desarrollo local”. Tanto él como el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, impulsaron aportes extraordinarios para los Codedes, sin criterios técnicos claros de distribución. Estas ampliaciones han funcionado, en la práctica, como moneda de cambio para asegurar votos de diputados distritales a favor de las iniciativas del oficialismo.
El resultado ha sido un incremento sin precedentes: en 2024 los Codedes recibieron Q6,412.1 millones, un 46.2 % más que en 2023, pero solo lograron ejecutar Q3,347.3 millones (52.2 %). Incluso con más recursos, la ejecución cayó en 15.4 % respecto al año anterior.
En 2025 la apuesta fue aún más agresiva. El presupuesto vigente asigna Q12,269.6 millones a los Codedes, casi el doble que en 2024. No obstante, al 29 de julio apenas se había ejecutado el 19.3 % del total (Q2,364.4 millones), confirmando que la incapacidad estructural sigue intacta.
Un camino hacia la opacidad
Lejos de corregir esas deficiencias, la nueva ley profundiza la discrecionalidad. Los Codedes no solo podrán retener recursos no ejecutados, sino que contarán con un marco legal que avala su uso en 2026, año marcado por la dinámica preelectoral.
De esta manera, el Congreso no únicamente autorizó un mecanismo financiero; otorgó a los Codedes un poder extraordinario que escapa a controles efectivos. La ruta hacia la opacidad ya está trazada, y en ella destacan nombres como el del exministro y ahora diputado Julio Héctor Estrada, pieza clave en la consolidación de un modelo donde los fondos públicos se convierten en herramientas de negociación política más que en motores de desarrollo.
