Abogados de Datasys impugnan embargo de cuentas
El equipo legal de Datasys presentó un amparo contra la resolución emitida el pasado 1 de febrero, argumentando que es necesario aclarar primero los orígenes de las cuentas afectadas antes de proceder con el embargo.
Redacción
Este viernes 9 de febrero, Datasys S.A., la empresa proveedora del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tomó medidas legales en respuesta a la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, que ordenó el embargo de sus cuentas bancarias. Según los abogados de la compañía, la medida fue considerada «arbitraria».
«Estamos totalmente seguros al señalar de arbitraria la resolución de la sala de mayor riesgo», afirmó uno de los profesionales del derecho.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), lleva a cabo una investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición del TREP, señalando a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por su supuesto respaldo a dicho proceso.
El TSE había adjudicado la compra del sistema informático a Datasys por Q148 millones. Ante las acusaciones, el órgano electoral ha reiterado que la adquisición se realizó cumpliendo con criterios de calidad y los requisitos necesarios para llevar a cabo simulacros de manera eficiente.
En una comparecencia ante la comisión pesquisidora en noviembre pasado, el representante legal de Datasys S.A., Hugo Daniel Lemus Herrera, destacó la trayectoria de más de 25 años de la empresa en el mercado regional. Además, detalló que el servicio prestado no fue simplemente el TREP, sino que incluyó la venta del código fuente, adaptación del programa informático, y una licencia de uso permanente para el programa.
Lemus también informó que el plan de contingencia ofrecido por Datasys contemplaba la provisión de 4 mil teléfonos celulares y 4 mil licencias para la gestión y aseguramiento de los dispositivos móviles. La empresa ha mantenido su posición de no haber incurrido en ilegalidades en la adjudicación del TREP, mientras enfrenta ahora el desafío legal del embargo de sus cuentas.
