FFACSA y la sustitución del Estado en las comunidades
Por Julio Abdel Aziz Valdez
Hace tan solo unos días trascendió un comunicado de la empresa FFACSA, especializada en distribución de artículos de ferretería y de construcción, donde daba su versión sobre un problema que acontecía en la sucursal que tienen en la Aldea los Encuentros, departamento de Sololá. Para quienes hemos transitado la ruta, este lugar es uno de los centros de comercio más importantes de Occidente.
Pues bien, tan sencillo como que por razones administrativas la empresa decide despedir a uno de sus colaboradores. Le pagan sus prestaciones pero al no estar de acuerdo, el trabajador acude a las autodenominadas autoridades indígenas o alcaldía indígena, y durante una reunión de conciliación deciden retener al personal, algo que se les ha hecho habitual, y luego amenazan con cerrar la sucursal de la empresa si esta no accede a pagar una cantidad de dinero que ellos mismos han determinado (con parámetros desconocidos).
No es la primera vez que empresas tienen desavenencias con dichas autoridades, ante reclamos a veces justificados y otras no. No quisiéramos asumir que todo lo dicho por la empresa en su comunicado sea cierto o no, lo que resulta un hecho preocupante es que poco a poco estas instancias de arbitraje cultural local se extralimitan en sus funciones y asumen autoridad donde no la tienen ni deberían tenerla nunca.
Por un momento se les olvida a las autodefinidas autoridades indígenas, que para que puedan asumir sus funciones deben ser reconocidas por las partes, de lo contrario no tienen por qué accionar, y menos aún sobre la aplicación de un derecho reconocido en la constitución como es el caso de la propiedad privada.
Pero, ¿quiénes son los responsables de esto? Pues en principio toda la cooperación internacional que sigue avivando el fuego del multiculturalismo aun cuando en sus propios países este concepto ha demostrado estar acabando con la misma idea de Estado de bienestar. Por otro lado, la izquierda local que ha utilizado el discurso y a unos cuantos activistas indígenas que con solo enarbolar un bastón barnizado asumen que son el centro de la moralidad local. Dichas “autoridades” son reconocidas en la Constitución como “usos y costumbres”, no están normadas y de ahí que los carpinteros locales tienen mucho trabajo, haciendo bastones a diestra y siniestra. La demanda ha crecido, sobre todo cuando se trata de dar shows en la ciudad capital.
Pero regresando al caso que nos ocupa, ya no se trata de que la empresa haya o no hecho bien el cálculo de las prestaciones, que para los que lo ignoran, el mismo Estado se hace cargo de esto y, es bastante quisquilloso en el cumplimiento de la ley, se trata de las llamadas autoridades indígenas que nadie regula, y que se aceptan como si su nombramiento deviniese de los cielos.
El objetivo es sustituir a las autoridades locales, destruir el Estado de Derecho para imponer el mal llamado Derecho Indígena tal y como lo planteaba la propuesta realizada por la CICIG en el año 2011, que dicho sea de paso, fue uno de los espaldarazos para que ingentes cantidades de dinero de la cooperación internacional e incluso dinero público, se destinara a fortalecer a esas instancias en muchas comunidades, talleres, seminarios, asesores, ongs, activistas, periodistas, publicaciones, en fin, el dinero fluyo a mares, y claro, ahora desde Colombia, desde su puesto de poder, Iván Velásquez si es que ve el como sus gestiones impactaron en Guatemala luego de varios años de su vergonzosa salida, estará aplaudiendo como un grupo de ciudadanos con performance maya new age y envalentonados con un discurso inoculado por la ONU, asumen de facto el poder del Ministerio de Trabajo, luego será el del Registro de la Propiedad, Ministerio Público (ese ya lo ejercen) Educación y Salud.
En 1847 se constituyó oficialmente la República de Guatemala y desde ese entonces muchísimas han sido las pruebas, desafíos, amenazas que hemos sufrido, y mal que bien se constituyeron marcos legales que nos permiten una convivencia civilizada. Pero al darle autoridad a organizaciones que enarbolan la bandera de la identidad étnica, lo que intentan hacer en constituir reservas indias como el modelo norteamericano, donde priva el aislamiento. La idea es convertirse en comunidades con sus propias leyes, y claro, al político que siempre recurre a la validación del pobre y su pobreza para mantenerse en el poder, ahora hay que agregar al ignorante y etnocéntrico líder de autoridades no reconocidas por ley.