Mario Merida
Homicidios versus extorsiones ¿qué pesa más?
El debate acerca de la violencia homicida se ha centrado en la constante repetición gubernamental, sobre el continuo descenso de los homicidios. Fenómeno que inexplicablemente principió a mediados del 2010 y, se afianzó a partir del 2016 (3,947 varones y 600 mujeres).
En la actualidad “la tasa interanual nacional para ambos sexos al mes de julio 2024 fue de 15.8 homicidios por cada cien mil habitantes. Esto representa un cambio de -2.8% en comparación con la tasa de un año antes. Para mujeres la tasa interanual fue de 3.7 homicidios por cada cien mil mujeres (cambio de-10.0% en comparación con el año anterior); y para hombres la tasa interanual fue de 28.7 (cambio de -1.7%)[1]*”
Contrario al descenso de homicidios las extorsiones van en aumento, al extremo que por estos días algunas autoridades han comenzado a alertar a la ciudadanía, bajo el supuesto que esta actividad delictiva se incrementará, debido a lo que han dado en llamar época prenavideña -octubre y noviembre-. De acuerdo con la fuente citada anteriormente (*), “la tasa interanual nacional para ambos sexos al mes de julio 2024, fue de 116.6 extorsiones por cada cien mil habitantes”. Lo cual “representa un cambio de 32.% en comparación a la tasa un año antes”.
Entre tanto, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP), registra en a septiembre del presente año 9,900 denuncias por extorsión, cifra que probablemente se vea incrementada en los últimos meses del año por el aumento de la actividad económica propia de la temporada de fin de año y, que se extiende a los primeros dos meses del 2025.
En la mayoría de los casos los homicidios son una consecuencia del impago de la extorsión, más que de la lucha entre vendedores al menudeo de drogas o por cuestiones personales, lo que da pie a pensar que la reducción de los homicidios, posiblemente está ligada al pago de la extorsión sin rechistar por parte de los afectados. Es decir, las empresas y mayormente las personas prefieren pagar puntualmente para evitar vivir con la amenaza de que el día menos pensado será asesinado en algunas de las calles o avenidas de la ciudad.
A la fecha el dominio y liderazgo de este productivo delito, es acreditado por las autoridades a integrantes del “Barrio 18”, “Mara Salvatrucha” y, a un número indeterminado de los llamados “imitadores”, cuya denominación no debería existir, puesto que no modifica estructuralmente el delito. Además, estimula subliminalmente la comisión de esta acción delictiva.
Según una nota de TV Azteca Guate[2], “Guatemala, es el segundo país con mayor incidencia de extorsiones en Centroamérica, con una tasa anual que oscila entre 112.5 y 120 por cada 100 mil habitantes. Este delito ha ido en aumento desde 2016 y se estima que ocurren 54 extorsiones diarias en el país”.
Visto lo anterior y la variedad de aportes desde los centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, se confirma la poca atención que se ha prestado a las maras, no solo como fenómeno social, sino, también como la principal organización extorsiva.
Cuando el fenómeno de las maras se consolidó, como un tema cotidiano escribí el artículo “Identificando la próxima amenaza” (21/03/2000), en el cual advertí la “siniestra evolución de las maras, están a punto de convertirse en una verdadera amenaza para el Estado”. Por estos días, ya es una realidad. En esa oportunidad, también identifiqué algunas de las causas por las cuales muchos jóvenes abandonaban las aulas de educación media para incorporarse a las maras; decisión atribuida a la necesidad de sentirse arropado. En otras palabras, la mara llegó a sustituir a la familia; lo cual ya no ocurre en la actualidad, sino responde a una asociación delictiva.
Por estos días se promueve en el Congreso una ley antimara, que, si no toma en cuenta las causas sociales, que han llevado a algunos jóvenes adolescentes a formar parte de estos grupos delictivos, no resolverá la crisis, sino todo lo contrario.
Una iniciativa de ley coyuntural para reducir el accionar de las maras, no resolverá la situación, quizás parezca un chiste o broma de mal gusto, pero es necesario que la ley incluya la oportunidad de rehabiltar a los adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley. En otras palabras, la solución no debe ser solo punitiva, sino social, que incluye la obligada partipación de los tres órganismos estatales.
[1] Marco Robles El Observatorio de Violencia de Diálogos.. Asociación Civil Diálogos. Agosto de 2024
[2] (https://tvaztecaguate.com/nacionales/2024/09/20/extorsiones)
