Poner impuestos a las ONG´s ¿qué significa eso?
Por Julio Abdel Aziz Valdez
Hace unos días, el mundo de las Ongs en el vecino El Salvador se vio sacudido hasta los cimientos: una era está llegando a su fin, miles van camino al desempleo. Creo que esta medida tomada por el presidente Bukele hay que analizarla en su justa dimensión, y para hacerlo haremos algunas analogías en relación a lo que sucede en Guatemala para que entendamos el trago amargo de realidad que están bebiendo los vecinos.
No hay que olvidar que el gobierno ha sostenido permanentemente que las Ongs, en especial las de derechos humanos, han sido el principal ariete de guerra contra las políticas de seguridad del gobierno, lo cual es cierto. Para hacer la comparación en Guatemala, estas organizaciones son ahora el principal apoyo del gobierno de izquierda en contra de la derecha que ellos llaman Pacto de Corruptos, pero regresando a las implicaciones del gravamen, lo haremos de la siguiente manera:
Primero, la medida de un 30% de impuestos para la Ongs políticas hace consonancia con las medidas arancelarias de Trump, pero en realidad no se necesitaba tanto. El financiamiento externo que reciben muchas Ongs se produce en el entendido de que este posee gravamen 0, y ¿por qué? Pues bien, el dinero que circula lo hace en forma de donaciones para el desarrollo o ayuda humanitaria, de ahí que innumerables gobiernos hayan estado de acuerdo en aceptar que ingresaran divisas para las Ongs sin cortapisas.
Las agencias que dan la plata no estarán dispuestas, ni acá ni allá y en ningún lugar a pagar un solo centavo en impuestos por las actividades que ellos financian en forma “altruista” y esto lo sabía el gobierno salvadoreño, por lo que poner un impuesto del 3% era suficiente para tener el mismo impacto que tiene el 30%, ya que antes que pagar impuestos las agencias optarán por irse del este país y van a migrar con su dinero a otro rincón pobre del mundo donde haya gobiernos que no se queden con la plata destinada a la labor política que desempeñan.
Segundo, he entendido esto de las propias declaraciones de Bukele, así que puedo cometer errores y me disculpo por anticipado, pero la política hace distinción unas de otras, el gravamen va para aquellas cuya actividad sea política no para las de ayuda humanitaria.
Para entender mejor esto hay que distinguir una labor de otra, las políticas son aquellas que se ocupan de formar y organizar políticamente a un sector de la población en particular, la gestión comunitaria, el empoderamiento, la gobernabilidad, la interseccionalidad, el feminismo, los ecologismos, en fin, todo lo que se presenta sin ambages en la descripción de la naturaleza de la organización receptora.
Estas organizaciones tienen fines políticos, no humanitarios, y por lo regular son militantes lo que significa que apoyan a tal o cual organización político partidaria, por lo regular de izquierda en todas sus variables. Algunos dirían que esta medida ataca la disidencia, pero en realidad no, y es que tanto allá como acá existen los partidos políticos, que es el vehículo por excelencia para cuestionar y acceder al poder.
Las Ongs proporcionan un manto de apartidismo para tener más impacto a nivel internacional, a pesar de que en la realidad no son apartidistas. Les pongo un ejemplo: Prensa Comunitaria, un medio de comunicación que abiertamente apoyó acciones ilegales en el año 2023 por parte de militantes del partido del gobierno en Guatemala, defiende la idea de ser “la voz de los sin voz” cuando en la práctica, es una ONG que recibe dinero de fuera para activar política e ideológicamente.
Tercero, las Ongs no son, no lo fueron y nunca serán organizaciones sociales o comunitarias. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son como su nombre lo indica, son entidades dedicadas a fomentar “el desarrollo” fuera del ámbito gubernamental, esto las haría caer en el ámbito de lo privado y en efecto lo son.
Sin embargo, no funcionan como empresas, en términos formales, sino como entidades al servicio de las agencias financieras supranacionales, volvemos al ejemplo del sitio Prensa Comunitaria, financiado por USAID antes de su cierre. La disyuntiva es que su política editorial está determinada por los intereses del cooperante, por lo que es fácil deducir que lo que observamos es una fachada local para intereses externos. Las Ongs, como esta, son instituciones formadas por políticos, activistas y, algunos tecnócratas que le dan sentido de proyecto a su labor, pero en realidad es actividad política, y esto me lleva a:
Cuarto, las Ongs políticas forman parte de estructuras de poder, proporcionan sustento ideológico, gerencial, financiero a proyectos políticos. Son empresas políticas que recaudan fondos para fines políticos, por lo que en el estricto sentido de la palabra son susceptibles de ser gravadas.
En todo caso hay que hacer la distinción clara de dónde se ubican en el espectro del activismo, concuerdo con la idea de que todas aquellas acciones que tiendan a movilizar, formar, organizar a la población son por definición políticas y si bien es cierto que cualquier ciudadano tendría el derecho de organizarse como bien le parezca para alcanzar sus objetivos de vida, si hay que marcar un límite cuando los recursos financieros que utiliza sirven a intereses foráneos a la nación.
El poner una ley de agentes externos no representa una afrenta a la disidencia local. Lo que ya dijimos, al contrario, es reafirmarle a esa misma disidencia que tiene el derecho a actuar como ciudadanos en plenos derechos, pero son sus propios recursos, que hagan sus colectas entre sus amistades, aliados, socios y con ello actúen. Esta ley les dice a los agentes externos “si se quieren inmiscuir en asuntos internos les va a costar dinero, no se les está prohibiendo su accionar, lo que en otros países si se produce”.