Otro viacrucis político, esta vez encabezado por el presidente
MSc Mario Mérida
Justo cuando comenzó la conmemoración de la resurrección de Cristo, falleció el Papa Francisco, deceso que pondrá a prueba la capacidad de los cardenales para la elección del nuevo representante de la iglesia católica. Entretanto, en nuestro país inicia la resurrección de movimientos sociales, en respuesta a la captura del licenciado Luis Pacheco y de Héctor Manuel Chaclan, ex miembros de los 48 cantones de Totonicapán. El primero, contratado por el gobierno como viceministro de Energía y Minas.
El juez que lleva el caso, lo declaró bajo reserva, así que solo se conoce al respecto que los capturados son considerados: “… presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia y sedición[1]”. Acusaciones consideradas por las autoridades indigénas, como criminalización de las manifestaciones sociales en favor de la democracia.
Lo que pondrá en riesgo la respuesta gubernamental, para contener o moderar las acciones sociales anunciadas -en caso se desborden- en pro de los funcionarios capturados, es lo afirmado por el Presidente[2]: “Estamos siendo testigos de lo que es capaz de hacer una cuadrilla de criminales cuando saben que se les está acabando el tiempo”.
La nota periodística, también refiere que el mandatario calificó esta captura, como un acto de criminalización de la resistencia pacífica, liderada por los pueblos indígenas durante la época electoral del 2023. Según el presidente Arévalo, estas acciones representan no solo un intento de intimidar a líderes sociales, sino una ofensiva sistemática contra quienes defendieron el proceso democrático.
Lo declarado por el gobernante lo coloca en una situación complicada, porque sus opositores políticos, lo harán corresponsable de los efectos negativos de las manifestaciones de calle, no solamente las realizadas por los grupos indígenas. Asimismo, de las acciones de otros sectores que aprovecharán la conyuntura, para plantear sus demandas sectoriales.
Sin duda, las declaraciones del presidente fueron precipitadas, pero lo que más complejidad suma a la conyuntura, es la visita a los potenciales manifestantes -atención que también exigirá CODECA-, quienes ojalá, se compromentan a manifestar sin violar los derechos de libre locomoción del resto del pueblo, que asumen representar. Lo cual, obviamente no es cierto, ya que se pronunciaron contra los bloqueos el CACIF, la gremial de Transporte, los comerciantes de la Terminal, así como otros ciudadanos de a pie, entre los que sobresalen los padres de familia y los pequeños comerciantes.
Para fines del analis de coyuntura, es importante hacer mención de la reiterada solicitud del Presidente de la remoción de la Fiscal General[3]*, solicitada por Arévalo a mitad de su gestión a los cuestionados diputados: “Es un día histórico para la defensa de nuestra democracia en Guatemala y el efectivo combate contra la corrupción, que nos une a todas y todos. La fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico; se ha dedicado a atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones”. 06/mayo/20243*.
En síntesis, estamos a las puertas de una prolongada etapa de ingobernabilidad, cuya duración dependerá de la madurez de quienes manifiesten su apoyo y solidaridad con los capturados por los hechos ocurridos hace un año. Pero, particularmente requerirá la habilidad y carácter gubernamental para conciliar los intereses de los inconformes, en armonía con el Estado de Derecho y el Regimen de Legalidad, en aras de la estabilidad y el desarrollo del país.
[1] Prensa Libre. 24/abril/2025
[2] https://agn.gt/presidente-arevalo-considera-captura-de-luis-pacheco-como-un-ataque-del-mp-al-pueblo-de-guatemala/
[3] Específicamente el Artículo 14, que se refiere a la remoción de la máxima autoridad del MP. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/11237/2024/2#gsc.tab=0