La fuga protegida: impunidad con disfraz de activismo

Por Lesther Castellanos Rodas

Hay que decirlo con todas sus letras: lo que está ocurriendo en Guatemala no es solo desinformación, ni siquiera una defensa malintencionada. Es una operación cuidadosamente diseñada para blindar la impunidad de Virginia Laparra, una persona condenada por la justicia, hoy prófuga del país, y sin embargo, defendida por redes internacionales que pretenden distorsionar la legalidad a favor de sus intereses políticos.

La reciente carta pública firmada por diversas organizaciones, presentada como si fuera un documento técnico de derechos humanos, es en realidad un manifiesto político. No hay una sola línea de reconocimiento al hecho central: Laparra incumplió las medidas sustitutivas impuestas por la anterior cámara penal de la Corte Suprema de Justicia y un tribunal penal guatemalteco al salir del país y recibir públicamente un premio en Londres. Este no es un dato menor ni una conjetura. Es un hecho objetivo, grabado en video, celebrado en redes sociales y plenamente documentado:

• Premio Sir Henry Brooke 2025 en Londres, Reino Unido para Virginia Laparra 
• 2025 Sir Henry Brooke Award – Alliance for Lawyers at Risk CIO 
• https://prensacomunitaria.org/2025/02/virginia-laparra-recibio-el-premio-sir-henry-brooke-2025-por-su-lucha-anticorrupcion/.

La narrativa de que “no hay pruebas” sobre su salida del país se desmorona ante estas evidencias. ¿Qué más se requiere para acreditar el incumplimiento de medidas judiciales? No estamos ante rumores, sino ante hechos públicos. Y sin embargo, el juez Marco Antonio Villeda se negó a declarar su rebeldía, no por falta de pruebas, sino por exceso de ideología.

Este acto no es solo un error de criterio. Es prevaricato: la decisión consciente de no aplicar la ley pese a su claridad, con la única finalidad de beneficiar a una figura convertida en símbolo político por ciertos sectores internacionales. Con esta negativa, el juez no solo distorsiona el derecho, sino que sienta un precedente inaceptable: que una persona condenada puede evadir la justicia sin consecuencias, si logra el respaldo mediático y político suficiente.

Y como si esto fuera poco, ahora se intenta presionar a la Sala de Apelaciones para que tampoco actúe. Las organizaciones firmantes de la carta pública no defienden principios jurídicos, sino intereses narrativos. Su silencio ante la fuga de una condenada, su omisión frente a la desobediencia judicial, y su absoluto desinterés por la ejecución de sentencias condenatorias, revelan el verdadero objetivo: garantizar impunidad bajo el ropaje del “garantismo”.

Lo que se está construyendo no es un discurso de derechos humanos, sino una estructura de presión transnacional que pretende condicionar a los jueces, atemorizarlos y forzarlos a actuar según intereses ajenos a la ley. El mensaje es claro: si se atreven a aplicar la norma con objetividad, serán estigmatizados y perseguidos.

Yo mismo, como parte querellante en este caso, he sido objeto de múltiples ataques. Pero no me intimidan. El Estado Constitucional de Derecho no puede retroceder ante el chantaje ideológico ni ante el sentimentalismo internacional mal fundamentado.

Las reglas están para cumplirse. Las sentencias deben ejecutarse. Y la justicia no puede depender de quién tiene más aliados en el extranjero.

Esto no es periodismo.

Esto no es defensa jurídica.

Esto no es protección de derechos humanos.

Esto es complicidad con la impunidad.

Y frente a eso, el Estado Constitucional de Derecho debe prevalecer.