Harvard: dilema entre seguridad y libertad

Por Berit Knudsen

La Universidad de Harvard, símbolo de la tradición intelectual estadounidense y primera universidad fundada en 1636, tiene una población de 23,000 alumnos, 7,000 provenientes de 140 países. Por ello, la decisión de la administración de Donald Trump de revocar la certificación de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros fue un golpe a su autonomía, diversidad y modelo educativo. Aunque la Corte de Justicia suspendió las medidas, incluyendo la revocatoria del programa de visas para estudiantes y el recorte de 4,000 millones de dólares en fondos federales, la controversia persiste.

Harvard es un referente de prestigio global, con estudiantes de todos los estados norteamericanos, 27 % procedentes del extranjero y un fondo de dotación superior a 53 mil millones de dólares, el mayor respaldo financiero por donaciones en el mundo. Las medidas de la administración Trump, aunque suspendidas, afectaban nuevas admisiones internacionales y obligaban a actuales estudiantes a abandonar la universidad o cambiar de centro de estudios, con graves impactos humanitarios, académicos y económicos.

El asesinato de dos diplomáticos israelíes en Washington D. C. el 21 de mayo representó un ataque que confirma la creciente amenaza internacional con atentados contra instituciones y personas judías, multiplicándose desde Berlín hasta Melbourne y Washington, con infiltraciones de grupos extremistas de diferentes facciones. El antisemitismo crece en los campus universitarios, donde estudiantes denuncian acoso, amenazas y exclusión. Harvard, al igual que otras instituciones como Columbia, UCLA o la Universidad de Texas, ha sido escenario de protestas que en algunos casos desbordaron los límites del derecho a la libre expresión.

La carta del 22 de mayo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresa preocupaciones sobre “seguridad nacional” por infiltraciones de grupos radicales. Sin embargo, la administración parece usar a Harvard como ejemplo para disciplinar a otras instituciones. La exigencia de datos sobre estudiantes extranjeros, cursos, actividades políticas y grabaciones de protestas en los últimos cinco años resulta desproporcionada y peligrosa.

La administración Trump también ha acusado a Harvard de colaborar con el Partido Comunista Chino, incluyendo la formación de miembros de grupos paramilitares implicados en el genocidio de uigures y por mantener criterios raciales discriminatorios en su proceso de admisión. Estas críticas no son nuevas: en su primera administración, Trump demandó a Harvard por usar la raza como factor de admisión. Pero la suspensión de medidas por parte de los tribunales muestra que, aunque la seguridad nacional es prioritaria, no puede socavar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad o la autonomía universitaria.

El dilema es cómo proteger la seguridad nacional sin coartar libertades fundamentales. La línea entre seguridad y libertad es cada vez más difusa. Lo que está en juego no es solo el destino de Harvard, sino el futuro del pluralismo y la autonomía universitaria en Estados Unidos.