El fin del financiamiento extranjero y la caída de la justicia selectiva en Guatemala

Por: Lesther Castellanos Rodas

Durante años en Guatemala, nos hicieron creer que la cooperación internacional era la solución para nuestros problemas. Nos vendieron la idea de que USAID, la CICIG y un grupo de ONG’s financiadas con dinero extranjero venían a salvarnos. Nos aseguraron que eran los buenos, los incorruptibles, los que erradicarían la impunidad. Sin embargo, la realidad fue otra: crearon un sistema de justicia manipulado, donde los enemigos políticos eran perseguidos y encarcelados, mientras sus aliados gozaban de total impunidad.

No quiero que me malinterpreten: no toda cooperación internacional fue negativa. De hecho, en momentos de desastre, como el terremoto de 1976 o la erupción del Volcán de Fuego en 2018, la cooperación externa fue crucial. Vimos cómo la ayuda internacional salvó vidas, ayudó a reconstruir y a mitigar el impacto de esas tragedias. Pero, ¿qué pasa cuando esa cooperación se convierte en un engranaje de una máquina política que no responde a las necesidades reales del país?

El embajador Todd Robinson manejó Guatemala como si fuera su finca. Decidió sobre la elección de cortes, la designación de fiscales y hasta se permitió decir sin vergüenza: “La soberanía de Guatemala no es mi prioridad”. Y vaya que lo demostró. Utilizó los fondos de la INL como una ONG privada, canalizando dinero a jueces, fiscales y activistas disfrazados de defensores de la justicia. No era cooperación, era control.

La FECI, en contubernio con la CICIG, se convirtió en el brazo ejecutor de esta agenda. Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana transformaron la fiscalía en un arma política, encarcelando a quienes les estorbaban y protegiendo a quienes les eran útiles. Casos como el de la familia Bitkov son una muestra clara de la persecución orquestada por este aparato corrupto. Mientras tanto, figuras como Mayra Véliz, supuestamente vinculada a la venta ilegal de pasaportes guatemaltecos a redes internacionales, jamás fueron investigadas. ¿Por qué? Porque en este sistema podrido, algunos eran intocables.

No solo se trató de control judicial, sino de un intento descarado por imponer una agenda ideológica. USAID pasó de donar computadoras y muebles para los tribunales a financiar programas de justicia con sesgo político, cursos de “capacitación” que en realidad eran adoctrinamiento para jueces y magistrados, y la implementación de modelos de tribunales que respondían a sus intereses. Como bien dice el refrán mexicano: “Quien paga el mariachi, elige la canción”.

Más allá de la justicia, USAID también financió programas para promover el aborto en Guatemala, disfrazados de ayuda social. Y peor aún, hay serias denuncias que apuntan a Todd Robinson por posibles casos de abuso infantil en Sololá. ¿Es esto cooperación? No, es intervención disfrazada.

Dos décadas después, su presencia en Guatemala no trajo justicia, desarrollo ni beneficios reales para los ciudadanos comunes. Lo sé de primera mano, porque fui juez constitucional de este país y vi de cerca cómo operaban.

Pero Guatemala despertó. USAID ha reducido su financiamiento, los jueces que jugaron a ser verdugos hoy están prófugos, y la CICIG no es más que un mal recuerdo. Como bien decía Aristóteles, “la peor forma de injusticia es la justicia simulada”, y eso fue exactamente lo que vivimos.

Ahora, tenemos una oportunidad única de recuperar nuestra soberanía, nuestra justicia y nuestra dignidad. Pero no podemos bajar la guardia. Los tentáculos de esta agenda siguen ahí, intentando adaptarse, buscando nuevas formas de control.

Guatemala no es un experimento social, no es un trofeo geopolítico y no es un campo de batalla para agendas extranjeras. Es nuestro hogar. Y debemos defenderlo.