Derechos humanos y paz social

Crnel Cecilio Peláez

Hace dos días la PNC intentó, por cuarta vez, desocupar una finca invadida en el norte de Alta Verapaz en cumplimiento a orden emitida por el juez segundo de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos Contra el Ambiente, después de largos años en qué los propietarios han cumplido toda clase de requerimientos del tribunal y del ministerio de gobernación.

Los invasores arremetieron, por cuarta vez, contra los agentes de la PNC con apoyo de armas de grueso calibre. Argumentando también que ellos no invaden, solamente recuperan tierras de sus ancestros que les fueron arrebatadas.

¿Cómo justifican que son tierras de sus ancestros, si a principios del siglo XX esas tierras estaban deshabitadas y registralmente de acuerdo a las normas jurídicas de nuestro país están inscritas en el Registro General de la Propiedad a nombre de particulares, que no tienen nada que ver con sus supuestos ancestros?

Al revisar los apellidos de los invasores resulta que provienen de Tucurú, Purulha, San Cristóbal y Cobán, dentro de otros lugares.

Los invasores también tratan de justificarse expresando que son campesinos pobres, sin embargo, a los pocos meses de iniciada la invasión ya se veían vehículos agrícolas de sus propiedad parqueados frente a sus nuevas viviendas. Hay otro síntoma que llama la atención, los bombillos que iluminan sus viviendas se ubican en el interior y corredores alumbrando día y noche, conectados bajo el manto protector de CODECA y ante los ojos indiferentes de la autoridad.

Los invasores son agresivos por naturaleza y tras ellos opera una mafia semejante a las que trafican estupefacientes o las que viven de la extorsión.
Antes de la invasión de una finca venden los lotes a los primeros invasores los cuales a su vez, los revenden a otros ingenuos que compran amparados por la falta de aplicación de la ley.

Los países como Guatemala están poblados por personas sumamente trabajadoras y honradas, pero durante los últimos 30 años se ha venido desarrollando una serie de lacras como la que mencionamos y que no tiene nada que envidiarle a las maras y carteles de narcotraficantes.

Tal parece y se confirma, que la autoridad convive plácidamente con estos fenómenos que perturban la paz social y el desarrollo económico.

Los últimos gobiernos, desde 1985 han venido creando el escenario, en el cual los Derechos Humanos y la paz, son cada vez más incompatibles.

Urge legislar con mayor drasticidad al respecto porque es imposible que las fuerzas de seguridad del Estado sean incapaces de hacer cumplir las sentencias de juez competente. Y no es porque no quieran o tengan miedo, es simplemente por el grado de impunidad con que obran los rufianes y la indefensión ante la ley de los agentes y soldados.

Mientras tanto, los cacos elegidos fraudulentamente para representarnos en el Congreso, se revuelcan en la corrupción y el despilfarro teniendo engavetado el proyecto de ley que pretende fortalecer a las fuerzas de seguridad, lo cual haría posible, dejar de ver estos bochornosos espectáculos en que mil quinientos policías se ven obligados a huir de un pequeño grupo armado al margen de la ley.