Nicaragua deja la Corte Centroamericana de Justicia
Nicaragua abandona la Corte Centroamericana de Justicia por «no cumplir con su propósito original».
Por dpa/EP
El gobierno de Nicaragua ha anunciado su retirada de la Corte Centroamericana de Justicia por «no cumplir con su propósito original» como «órgano judicial de carácter regional» y ha señalado que el tribunal se encuentra «sometido a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe».
El ministro de Exteriores nicaragüense, Valdrack Jaentschke, ha enviado una misiva al presidente en funciones de la corte, César Ernesto Salazar Grande, en la que denuncia el Convenio del Estatuto del tribunal y su decisión de retirarse del organismo de forma inmediata.
La carta indica que, tras más de tres décadas desde su creación, la corte «ha sido integrada únicamente por magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador» a pesar de que sus miembros son también Belice, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.
Así, el gobierno nicaragüense ha matizado que el estatuto y el reglamento de la citada corte «no responden a la realidad de la composición de la misma» y ha afirmado que está «sometida a las decisiones del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que no forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)».
Nicaragua también ha expuesto que la corte depende de las decisiones de países que han aprobado el estatuto, pero que «no se han integrado en el tribunal o no forman parte del mismo». «Esta situación es claramente incoherente y no permite el desarrollo de una corte que responda a una verdadera integración regional, en la cual todos los países miembros del SICA participen plenamente en igualdad de condiciones, asumiendo sus derechos y obligaciones, circunstancia que es inaceptable para Nicaragua», ha puntualizado.
En la misiva, Nicaragua reitera su voluntad de seguir «promoviendo la integración regional, la reconstrucción de la unidad centroamericana, la igualdad y el respeto a la soberanía de los estados».
