La ley de protección de datos en El Salvador puede poner en peligro la libertad de expresión, según HRW
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de que las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre ciberseguridad y protección de datos pueden poner en peligro los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.
Por dpa/EP
«Estas nuevas leyes podrían utilizarse para eliminar publicaciones online críticas con el Gobierno so pretexto de estar protegiendo datos personales», ha sentenciado la directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, en un comunicado.
En este sentido, ha argumentado que «en el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil» las leyes recién aprobadas podrían ser utilizadas como «un instrumento para amenazar, silenciar u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información».
La Asamblea, en la que tiene mayoría Nuevas Ideas, el partido del actual mandatario Nayib Bukele, aprobó estas leyes el pasado 12 de noviembre. En concreto, permiten la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que será la encargada de desarrollar las políticas de ciberseguridad en el país.
La ACE, dirigida por un director general nombrado por el propio presidente, podrá eliminar información en plataformas y sitios web, incluyendo en medios de comunicación, si considera que los datos son «inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos».
Las leyes aprobadas por la Asamblea reconocen el «derecho al olvido», si bien la ONG ha advertido que algunas de sus disposiciones podrían utilizarse como mecanismo para restringir la publicación de información sobre funcionarios o asuntos de interés público.
HRW también ha alertado de que, en virtud de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los gobiernos deben establecer autoridades nacionales independientes para gestionar la protección de datos personales.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en octubre de 2020 una ley similar que fue interpretada por organizaciones de la sociedad civil como un intento de coartar la libertad de expresión de la prensa y de silenciar a los sectores críticos con el Gobierno del presidente, Daniel Ortega.
