Sin gobernanza ni gobernabilidad, mientras los diputados calculan eternizar su aumento de sueldo

Anoche, durante la procesión de la Virgen de Dolores de San José se reportaron varios asaltos. Días antes, una balacera en la zona 6 estuvo a punto de llegar al linchamiento de un presunto motosicario. Estos son los hechos cotidianos para los guatemaltecos, ya acostumbrados nuevamente a la violencia callejera desenfrenada.

Los homicidios y asaltos son parte de la vida diaria para los citadinos, pero además los principales centros urbanos y carreteras más estratégicas también son objeto de bloqueos y manifestaciones constantes. Por ejemplo, la del jueves pasado protagonizada por el grupo que conduce Joviel Acevedo, ex militante de la guerrilla y muy cercano a Sandra Torres, quien sacó a sus huestes para exigir el «bono del pescado» que forma parte de su pacto colectivo.

Personas que debían trabajar o hacer negocios en Petén enfrentaron un bloqueo de doce horas el lunes 7 de abril, donde pobladores protestaban por inconformidad con una concesión minera en Puerto Barrios. Los vecinos también amenazaban linchar a funcionarios públicos o carros oficiales que circularan por el lugar.

Tanto la violencia delincuencial como las protestas indiscriminadas y a veces masivas, son apenas dos indicadores de la ingobernabilidad que aqueja a todos los ámbitos del país.

Pero además, y posiblemente más grave, sea la falta de gobernanza, ya que sin esta no existe aquella. Y la falta de gobernanza quedó patente en la discrepancia entre Arévalo y Karin Herrera, quien aseguró que «no es amiga» del presidente, quien a su vez, transgrediendo sus funciones y atribuciones, había exigido que la funcionaria se rebajara el sueldo.

El incidente parece frívolo pero tal como los asaltos e intentos de linchamiento, es un indicador de la falta de coordinación en el gobierno, donde las discrepancias se suman a un saqueo nunca visto, tan grande que funcionarios de larga data mejor deciden renunciar antes que ser partícipes de la corruptela imperante.

Entretanto, la CC mantiene sin resolver varios recursos clave, como los sueldos de los diputados, el presupuesto 2025 y muchos más, mientras la CSJ, evade pronunciarse sobre las solicitudes para retirar el antejuicio a Arévalo y otros funcionarios y diputados. Esto, en el ámbito judicial.

Por último y probablemente sea el más grave ya que podría detonar la furia ciudadana, está la actitud de un Congreso que, como bien expuso Mario Mérida en su columna de hoy, fue electo legalmente, mas no es legítimo en cuanto a que los votantes emitieron su voto por los partidos, no por los legisladores.

Ajenos a esta realidad, los diputados se consideran merecedores de ganar algo así como 26 sueldos mínimos y, bajo la premisa de que el pueblo es ignorante, ingenuo o ambos, alargan la anunciada reducción de los salarios (que ellos legislaron), con la expectativa de que, al cumplir tres meses del aumento, habrán logrado un derecho adquirido y el incremento ya no será reversible.

Este dato no solo habla muy mal sobre los legisladores, quienes por lo visto menosprecian bastante a quienes acudieron a votar en 2023, sino además, expone que ellos no se asumen como dignatarios de la nación, sino como simples funcionarios voraces, deseosos de ser tratados como burócratas bien pagados y totalmente ajenos a la dignidad del cargo que ostentan, la cual también conlleva una responsabilidad con esa patria a la cual, lejos de defender y respetar, vilipendian, saquean y ofenden por todos los medios posibles.

Así, el panorama que inicia la Semana Santa y que luego de esta, podría exacerbarse para el gobierno presente, donde si algo no existe es la gobernanza que permite la gobernabilidad.