Sin garantías para defender la propiedad
El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que:
“Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley”.
La realidad es otra, y casi dos mil propiedades están usurpadas o invadidas por criminales que en algunos casos llegaron a la violencia, incluyendo destrucción de maquinaria, heridos y hasta muertos, sin que el Estado resuelva esta situación.
Hace unos días se produjo la invasión de las fincas La Felicidad y Polonia, en el ingenio Magdalena. En estas fincas se produce el 12% de la energía eléctrica y la acción podría repercutir en el servicio que reciben todos los guatemaltecos.
Generalmente, la primera fase de las invasiones es ejecutada por individuos con armas de fuego, quienes abren el camino a los grupos de personas que reclaman establecerse en los terrenos usurpados con violencia.
Las invasiones-usurpaciones son cometidas por estructuras criminales que en algunos casos amedrentan a los jueces de paz y en otros, los sobornan. El poder de estas estructuras se consolidó durante la gestión de la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien impidió los desalojos legales.
Y aunque existe una fiscalía para estos delitos, no se reportan avances. Por el contrario, la estrategia de victimización logró que más de un candidato a la presidencia presentara su plan de gobierno en fincas invadidas.
Las invasiones también son vistas con benevolencia por candidatos a otros puestos de elección, como alcaldes y diputados. Entretanto, el Estado permanece indiferente ante este delito, que no es una expresión de “conflictividad agraria” sino una serie de acciones criminales que amenazan la libertad de todos los ciudadanos.
El actual gobierno y el candidato oficialista a la presidencia demuestran una actitud tolerante con los criminales que orquestan las invasiones y usurpaciones de propiedad. El Estado está obligado a garantizar que se cumpla la Constitución y a evitar la ingobernabilidad que conllevan estos delitos continuados.
