Incoherencia, incompetencia y represión policial: la crisis de los seguros

A la crisis del reciclaje obligatorio siguió la crisis de los seguros obligatorios. Ambos fueron evidencia de que el actual régimen no solo carece de conocimiento sobre el estado que administra y sus leyes vigentes, sino también de la falta de coherencia entre una administración que logró llegar al gobierno gracias al apoyo de bloqueos criminales, pero que ayer se evidenció como un régimen que cuando le conviene asume el monopolio de la violencia, lanzando gases lacrimógenos contra gente desesperada por la imposición de un nuevo tributo (el seguro obligatorio), en un marco de creciente depauperación, gracias al saqueo descarado que los funcionarios y diputados hacen del erario nacional.

Seguramente, el grupo que protestaba en la 18 calle y sufrió los embates de la policía, no volvería a votar por un gobierno que se atrevió a lanzar la fuerza pública con tanto irrespeto por los derechos individuales como no se había visto en el país. Incluso durante los gobiernos llamados por Semilla «dictaduras militares», las personas manifestaban y algunas veces, los manifestantes se excedían.

Ejemplo de esto, fueron las protestas contra el aumento del pasaje urbano en 1978, cuando luego de varias semanas de manifestaciones, Romeo Lucas se entrevistó con los líderes y desistió de subir el pasaje urbano, de cinco a diez centavos. Esto lo cuenta Miguel Ángel Albizúres, entonces líder sindical que participó en esos eventos, en la página Pueblo conoce tu historia. ¿Lacrimógenas contra gente pobre y desesperada? Eso lo vemos ahora, con el gobierno de la «nueva primavera» heredero del arbencismo.

Al intento de correctivo que aplicó el gobierno, se suma la desaparición de Bernardo Arévalo, desde el lunes cuando Francisco Jiménez anunció la imposición, hasta el miércoles por la noche, cuando apareció revirtiendo la medida impuesta, que duró unas horas, tal como el reciclaje obligatorio, pero que pareciera una pantalla para entretener a la opinión pública, mientras asuntos mucho más siniestros se convierten en realidad.

Por ejemplo, los cambios que la SAT supuestamente ya tiene en vigencia e implicarán que el número de NIT ahora será el mismo del DPI. Los tributarios no fueron informados sobre qué implica ese cambio y si cada persona deberá hacer algún trámite, o si la SAT cuenta con una infraestructura informática que le permitirá realizarlo. Lo cierto es que según medios informativos, la medida tendrá entre sus consecuencias el fin del secreto bancario. Entre las dudas está si los campesinos que no saben leer y viven donde no existe el servicio de energía eléctrica, tendrán que declarar «sin movimiento» cada mes en la plataforma, so pena de multas que podrían acumularse si el individuo con X número de DPI-NIT omite declarar sin movimiento uno o varios meses.

¿Por qué la SAT no hizo ninguna campaña informativa masiva, ya que su pretensión es convertir en tributarios a todos, desde el momento en que sacan su primer DPI? ¿O será que los niños con DPI obligatorio por estar en la escuela también deberán tributar?

Para los empresarios que integran sociedades anónimas, esto también se convertirá en amenaza a la privacidad e integridad de sus capitales. Y esta medida, digna de cualquier novela distópica, se impuso mientras todo el mundo estaba enfocado en los bloqueos, de los que no está claro si fueron impulsados por Sandra Torres o por el mismo gobierno, pero es evidente que se trató de una protesta organizada por los mototaxis y taxis pirata, lo que resulta tenebroso.

El ciudadano de a pie se debatió un par de días entre la impotencia de quedar atrapado en los bloqueos y la cólera por tener que pagar seguro para su carcacha, que seguramente ninguna empresa aseguraría, pero que le sirve para ir al supermercado o pasear algún fin de semana. Entretanto, el gobierno aprovechó para anunciar en el diario oficial, el Acuerdo Gubernativo que aprobó la «Distribución Analítica de la Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 con el monto de 117 millones 913 mil 323.28».

Dicha ampliación fue aprobada a finales de 2024 por el Congreso de la República y su oficialización por el gobierno, sella un pacto con los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, cuya ejecución de obras apenas tiene fiscalización y que son uno de los mayores focos de clientelismo y corrupción.

Finalmente, pero no menos importante: horas antes de que el ministro anunciara el seguro obligatorio, Samuel Pérez tuvo un vergonzoso accidente de tránsito, donde derribó un poste de alumbrado eléctrico. El diputado apareció con actitud jactanciosa, diciendo que «su seguro» pagó el daño al poste, sin considerar que se trata de un bien público y dañarlo, es delito.

La policía no le hizo prueba de alcoholemia al favorito del régimen. Las autoridades no permitieron que el Ministerio Público hiciera peritajes al carro, para determinar si realmente, kilómetros antes, Pérez había atropellado a un trabajador que caminaba de madrugada por la carretera, al mismo tiempo que el diputado circulaba en esa misma vía, probablemente regresando de una parranda.

Si el anuncio del seguro fue para quitar la atención del ominoso incidente provocado por el diputado, finalmente no tiene importancia. El hecho evidente es que, tanto en los seguros como en el reciclaje obligatorio, el régimen de Arévalo tuvo que haber negociado con empresarios mercantilistas que saldrían favorecidos. Al fallarles, estas alianzas están debilitadas y de esta manera, luego de las dos crisis, Arévalo sale mucho más débil y sin apoyo de algunos mercantilistas pero también con el rechazo de los manifestantes que el ministro no vacila en calificar como delincuentes, pero que apoyaron «con todo» la ascención de un régimen que ahora, les impone docenas de tributos y si osan oponerse, les lanza gases lacrimógenos.