Guatemala no se vende al mejor postor
Los organismos supranacionales suelen otorgar financiamientos supuestamente destinados al desarrollo pero de los cuales es sabido que la mayoría sirven para enriquecer a funcionarios corruptos, tanto del país donante como del receptor.
También es vox populi que para recibir estos fondos millonarios, los estados comprometen su soberanía, cumpliendo tratados y convenios que buscan uniformar al mundo en torno a una ideología perversa, contenida en la Agenda 2030: aborto legal, matrimonio homosexual, división de las naciones en territorios según las etnias, trabas al libre comercio y persecución contra la agricultura son algunos de los efectos evidentes de este plan en países del Primer Mundo que lo implementaron.
Hasta ahora, Guatemala se había mantenido libre de la injerencia extranjera gracias a la reserva contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Tratados, ya que dicha reserva deja claro que la Constitución Política de la República tiene preeminencia sobre esos tratados.
De forma subrepticia, sin consultar con el Congreso de la República ni la Corte de Constitucionalidad y menos con la ciudadanía, Arévalo, asesorado por Carlos Arturo Villagrán, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió eliminar la reserva, sin considerar las graves consecuencias que esto pueda tener.
El régimen de Arévalo se defendió de la forma en que lo suelen hacer los tiranos: su vocero, Santiago Palomo, expuso al escarnio a una abogada, de quien se burló por oponerse a la entrega de la legislación guatemalteca a organizaciones multimillonarias de burócratas internacionales y reafirmó la voluntad de sumisión ante los organismos supranacionales que tiene la «nueva primavera».
Al momento, un grupo ciudadano ya presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad y es de preverse que la ilegalidad de este acto resulte, como tantas otras del actual gobierno, en una intentona fallida.
