Carrasco y Carrillo ¿premiados por Iván Velásquez?
El ex viceministro de Defensa colombiano, Ricardo Díaz, aseguró ante la prensa de su país que los abogados guatemaltecos Juan Pablo Carrasco de Groote y Alfonso Carrillo, son socios de una firma llamada Corporación Justicia y Democracia, con sede en Colombia y cuyo propietario es el ministro Iván Velásquez.
La fiscalía colombiana abrió de oficio una investigación y ya anunció que Díaz será citado para declarar sobre la información que divulgó públicamente. El director de la Corporación Justicia y Democracia es Víctor Velásquez, hijo del ministro.
Entre otros, dicha corporación se encarga de la reforma policial en Colombia, lo que fue calificado de “insólito” por los medios de dicho país, ya que el proyecto recibe fondos del Estado y está a cargo de una corporación propiedad del Ministro de la Defensa, un “negocio redondo” para los corruptos.
Carrasco es prófugo de la justicia guatemalteca. Desde enero, el Ministerio Público (MP) de Guatemala giró una orden de captura en su contra, ya que fue el asesor de la firma Odebrecht, en el caso de la mayor estafa monetaria que se registra al estado guatemalteco.
La condición de prófugo de Carrasco, más que un impedimento, resulta motivo de encomio para el ex comisionado de la CICIG, quien habría premiado con la sociedad a Carrasco y Carrillo, el más obsecuente y servicial aliado que tuvo la extinta comisión supranacional que llegó a Guatemala para investigar estructuras paralelas y se convirtió en una de ellas, por su forma arbitraria de operar y la persecución política que implementó, especialmente durante el período conocido como “reinado de Iván Velásquez”.
Carrillo fue el mandatario de Gazprombank, al tiempo que se dio a conocer como el más oficioso defensor de la CICIG, interponiendo recursos ante la CC, que en esa época, siempre falló a su favor. Gazprombank, uno de los dos bancos que emprendió una persecución implacable contra la familia rusa Bitkov, tuvo fuerte incidencia en la CICIG-FECI durante el proceso contra los Bitkov y el enlace entre ambos, habría sido Carrillo.
Para Iván Velásquez, no existe ningún conflicto de interés en que la empresa a cargo de la reforma policial en su país sea de su propiedad. Tampoco es un problema que Juan Pablo Carrasco esté implicado en Odebrecht, Panamá Papers y otros actos de corrupción.
Si la justicia colombiana comprueba la veracidad de lo expuesto por el general Díaz, quedará en evidencia cómo Velásquez mantiene vigente la protección a quienes sirvieron incondicionalmente a la CICIG, sin importarles el costo humano, político y económico para Guatemala.
