USAID: gestor y apoyo del fraude electoral y los bloqueos del Octubre Negro
Es conocido públicamente que USAID financia a grupos y ONG´s de izquierda en Guatemala. Esto va desde organizaciones globalistas que promueven la tenebrosa Agenda 2030 a entes gubernamentales, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y organizaciones comunales como los 48 Cantones. De estos dos vale la pena hablar, en alusión al apoyo que sus prácticas ilegales recibieron de la agencia que derivó fondos de los contribuyentes estadounidenses para financiar el caos conocido como Octubre Negro y el presunto fraude electoral que llevó al gobierno a Bernardo Arévalo y su grupo.
Roxana Orantes Córdova
El 16 de enero de 2024, un grupo de importantes funcionarios estadounidenses visitó Guatemala y desde el palacio de gobierno, cual si fueran funcionarios colonialistas, anunciaron: “mayor apoyo para Guatemala, ahora que asumió Bernardo Arévalo como mandatario del país centroamericano”.
Los presentes fueron: Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occiental; Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la embajada estadounidense; Philip Gordon, asistente del presidente y vicepresidente de EE.UU., Katie Tobin, asistente adjunta de Joe Biden y Tobin Bradley, embajador estadounidense.
La funcionaria de USAID, Samantha Power, anunció un financiamiento de US$100 millones para “personas de comunidades rurales, indígenas y mujeres”, y aseguró: “no se está imponiendo a un gobernante sino velando para que se respete la democracia”.
Esta afirmación es una abierta transgresión a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde queda claro que los diplomáticos y funcionarios extranjeros no pueden intervenir en la política local.
El incremento del apoyo estadounidense a partir de la toma de posesión de Arévalo fue insistente en cada uno de los funcionarios mencionados. Junto con la afirmación de Power sobre que no estaban imponiendo a un gobernante, esta insistencia parece reveladora, ya que hay varios antecedentes que demuestran la injerencia de USAID y el Depto. de Estado de Biden en la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo y todo el proceso que antecedió este hecho.
Por ser una lista enorme, se citan los más relevantes, en cuanto a que promovieron la toma de posesión de un gobernante presuntamente fraudulento, pero más aún, desde 2016 prepararon el terreno para que esto sucediera:
Proyecto gobernanza y reformas electorales: la responsabilidad de USAID en el deterioro del TSE
Esto incluyó promover reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (que resultaron desastrosas como se vio desde 2020) y “fortalecer capacidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», que supeditó su independencia a los intereses de USAID, la ex CiCIG y otros entes extranjeros.
La injerencia en temas electorales inició mucho antes, pero tomó fuerza a partir de 2018, cuando el embajador estadounidense Luis Arreaga suscribió un acuerdo con el TSE “para que EE.UU. guíe al TSE en la implementación de las reformas electorales”.
El grupo de cooperantes para las reformas estuvo integrado entre otros por la CICIG, ASIES y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), que le dio aportes monetarios al partido Semilla y cuyo ex analista, Ronalth Ochaeta, fue primero asesor de bancada y ahora, diputado de Semilla.
Después de que USAID impulsó la reforma del TSE, este pasó a ser, de un ente prestigioso y reconocido, a una institución sin credibilidad, que se involucró con las maniobras más oscuras en la promoción del partido Semilla, el cual había sido inscrito de forma ilegal, usando firmas falsas y nombres de difuntos que el TSE dio por válidas.
Posteriormente, Semilla llegó al gobierno en una elección de la que existen muchos indicios de fraude que fueron investigados por el MP.
Gracias a que el ente investigador guatemalteco destapó el caso Corrupción Semilla, a finales de 2023, la fiscal Consuelo Porras y varios de sus colaboradores más cercanos perdieron la visa estadounidense y también fueron sancionados por la Unión Europea (UE), señalados de ser “actores antidemocráticos”.
El TSE también se involucró en hechos de corrupción, como compras anómalas, nepotismo y tráfico de influencias. Sin embargo, el aval de los funcionarios demócratas y la OEA a este ente tan deteriorado, ha sido constante.
Esto quedó demostrado el 16 de enero de 2024, cuando todos los funcionarios estadounidenses citados validaron una elección en la que los indicios de fraude y otras prácticas corruptas fueron ignorados, mientras con apoyo de medios informativos afines a la izquierda, se creó una imagen distorsionada del ente que por ley estaba obligado a investigar los posibles delitos de un TSE que, antes de ser asesorado por USAID; era modelo en la región, por su imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.
Apoyo de USAID a grupos de choque ultraizquierdistas
Desde hace varios años, USAID apoya programas de sostenibilidad forestal para los 48 Cantones de Totonicapán, a través de Rainforest Alliance. Este hecho que parece tan inocuo y hasta positivo, se convirtió en algo muy oscuro cuando el triunfo electoral de Arévalo estuvo a punto de desvanecerse gracias a los hallazgos del Ministerio Público (MP), en la investigación por fraude electoral contra Semilla.
Entonces se vio claramente la naturaleza del aval de la USAID a la organización comunal, ya que los 48 Cantones, dirigidos por Luis Pacheco, se convirtieron en un ejército de choque para obligar a que Arévalo tomara posesión y según ellos creyeron, también para forzar la renuncia de Consuelo Porras.
Un dato que pareciera cómico si no fuera trágico es que el bachiller Luis Pacheco (pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales), pasó de furibundo activista cuasi terrorista a convertirse en viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.
Durante 106 días, estos grupos mantuvieron bloqueado el acceso de abogados, ciudadanos denunciantes y trabajadores, al MP, que recibe todas las denuncias penales. Desde disputas familiares y hurtos de bicicletas a homicidios, extorsiones y otros crímenes son denunciados ahí. Pero las organizaciones indígenas que subsisten gracias a USAID, no tuvieron clemencia con las víctimas de los crímenes cotidianos y sin reparos, impidieron el acceso al MP (que trabajó desde otras sedes).
Otro dirigente de los bloqueos que devino en funcionario es Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), hoy director del Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), entidad tan poco productiva como el viceministerio de Desarrollo Sostenible y que para Pascual es el equivalente del premio gordo, ya que el CUC fue la “organización campesina” del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), grupo que se especializa en usurpar tierras, lo que se convirtió en un negocio muy lucrativo.
USAID financió para el CUC un programa sobre “nuevas masculinidades en la zona del Polochic”, una de las áreas de mayor pobreza extrema en Guatemala, donde harían falta capacitaciones sobre nutrición, higiene y producción de animales domésticos, no de “nuevas masculinidades”.
En cualquier caso, Pascual no ejerce las “nuevas masculinidades” ya que, en 2021, sus “aliadas” feministas lo señalaron de ser un acosador sexual.
Otros grupos indígenas que además de bloquear el acceso al MP también impidieron la circulación en las principales carreteras, también con financiamientos de USAID para diferentes programas, fueron la Municipalidad Indígena de Sololá (un programa de agua potable); el Parlamento Xinka (política y liderazgo de mujeres).
Además, participaron en el bloqueo al MP las comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango (proyecto CLD); la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán; el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, Alta Verapaz; la Asociación Indígena de San Francisco el Alto; la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán; la Alcaldía Indígena Maya Ixil de Nebaj, Quiché y la Alianza de Autoridades de los Copones de Ixcán, Quiché.
Los medios de comunicación afines a Bernardo Arévalo, afirman que estos grupos “defendieron la democracia”, pero omiten detallar que la defensa incluyó extorsiones: cobro de dinero a los comerciantes que abrían sus negocios; agresiones contra pilotos y personas que necesitaban transitar; daños irreversibles a la economía local y campesina, que además desabastecieron los mercados capitalinos y provocaron un alza de precios que se mantiene, y muchos otros daños.
Todo esto, provocado por grupos financiados y apadrinados por USAID.
