Instituto Nacional de la Víctima: tentáculos de Mack siguen operando, afirma Raúl Falla

Las expectativas de quienes trabajan en el Instituto Nacional de la Víctima se vieron truncadas cuando la doctora Rebeca González Leche demostró con acciones que, lejos de cambiar el rumbo de una institución cuestionada desde sus inicios, exacerbaría todos los vicios que se señalan a la burocracia corrupta, desde nepotismo a ineficiencia e ineficacia. El abogado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señala cómo el gobierno de la «nueva primavera» comete reiteradas transgresiones contra leyes que buscan eliminar la opacidad en el sector público.

Redacción

Los personajes: primos, amigos, cuñados y la sombra de Helen Mack

Hace pocos días, comenzaron a laborar en la institución citada Regina Mendoza Chang Alejandro Chang. La peculiaridad de la contratación es que ambos son primos y trabajan la Direccion de Asistencia Victimológica. Según una fuente cercana a los Chang, además de ser primos, son familiares de Helen Mack, cuya influencia alcanzó a casi todas las instituciones de justicia y seguridad.

La misma fuente menciona que la doctora González Leche es «muy íntima amiga» de la señora Mack Chang, lo que fundamentaría la contratación de la joven psicóloga y el ex director del Sistema Penitenciario (durante muy poco tiempo, en 2022).

Como subdirector del sistema, Alejandro Chang fue señalado públicamente de facilitar ingreso de objetos y privilegios exclusivos a las ex fiscales del Ministerio Público (MP), Eva Sosa, Leily Santizo y Virginia Laparra. Chang fue analista en el MP antes de pasar al Sistema Penitenciario, donde su estancia fue desafortunada y además de los señalamientos por privilegios a sus ex compañeras, en redes hay varias menciones sobre supuestos sobornos e intentos de soborno en cárceles.

Otro de los personajes contratados por la administración de González Leche es Manuel Arturo Samayoa Domínguez, quien entre 2018 y 2019 trabajó en la Procuraduría de los Derechos Humanos y fue contratista del Estado «prestador de servicios profesionales», con 29 contratos, de los cuales devengó un total de Q423,068.15, entre 2010-2013 y 2016-18.

En 2023, fue electo magistrado titular para la Corte de Apelaciones, con 125 votos favorables en el Congreso. En aquella votación, los diputados de Semilla y el grupo de la UNE que intentó arrebatarle dicho partido a Sandra Torres, votaron en contra, lo que parece indicar su cercanía con el grupo afín a Torres.

En su vida personal, Samayoa Domínguez es muy amigo (y se dice que primo), de Oswaldo Samayoa, el ex director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadhe). Oswaldo Samayoa entabló una relación extramatrimonial con una empleada de la Copadhe, lo que le valió la destitución, si bien actualmente, es Ministro Consejero en la embajada de Guatemala en Costa Rica.

Probablemente, esta cercanía haya influido en que el otrora favorito de los diputados supuestamente de «derecha», ahora esté contratado en lo que Raúl Falla denomina «un feudo de Helen Mack», donde el compadrazgo y los parentescos sustituyen a las evaluaciones y procesos que ordena la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), para contratar servidores públicos.

El favorito de Gloria Porras, Fanuel Macbanai García Morales, quien de predicador protestante pasó a dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), tiene un contrato 011 devengando Q30 mil mensuales, como director de Asistencia Legal en el Instituto Nacional de la Víctima.

«Criticaban, pero son parte del sistema de favoritismo», afirma Falla

El abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, expone:

«Ha sido denunciado en múltiples plataformas digitales y medios la práctica común a los gobiernos de Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, de contratar a funcionarios públicos por compadrazgo y nepotismo. Estos señalamientos salpicaron la gestión de Alejandra Carrillo, primera titular del Instituto de la Víctima. Sin embargo, la llegada de Ligia Hernández, ex diputada del grupo independiente, lejos de cambiar esto, implicó que dicho instituto contratara a personas no idóneas para atender a las víctimas de delitos, entre estos tuiteros como Siempre Incómodo. Criticaban, pero son parte del sistema de favoritismo».

El señor Fanuel Macbanai García Morales, no es idóneo para el puesto que detenta, como no lo fue anteriormente. Pero se dice que tuvo algo mucho más intenso que una amistad con la ex magistrada Gloria Porras, de quien fue letrado y como tal, habría incidido en varios fallos cuestionados de la Corte de Constitucionalidad (CC), los cuales respondían a la estructura de la CICIG y Helen Mack, señala Falla.

Una cuñada de Fanuel García, llamada Eugenia María Morataya Pineda de García, labora en dicha institución. Aunque no fue contratada por la influencia de su cuñado, en el interior del instituto se menciona que tiene una empresa para purificar agua en Retalhuleu y que su cuñado, le estaría facilitando negocios con la institución, donde también es Fanuel García quien controla el tema de los combustibles, a través del jefe de Servicios Generales, cercano a él.

El abogado agrega que, ubicado en el Inacif, Fanuel García llevó a ese instituto a varios de los que fueron despedidos de la CC y respondían a la influencia de Mack. «La FCT accionó en su contra, ya que llegó con un diploma de un curso, que en ningún caso lo capacitaba para realizar peritajes», agrega el abogado.

Que este individuo esté en el Instituto Nacional de la Víctima, y haya llevado a «su gente», evidencia que los tentáculos de la Fundación Mack siguen operando y que las instituciones, siguen siendo botín político y evidencia la falta de coherencia de Semilla, que durante la campaña ofreció transparentar la administración pública, concluye Falla.

«La peor administración», afirman trabajadores

Empleados del Instituto Nacional de la Víctima que comenzaron a trabajar ahí desde su fundación, comentan que al inicio, tuvieron muchas expectativas con la llegada de Rebeca González Leche, pionera en el tema de la victimología. Sin embargo, pronto se decepcionaron, ya que la gestión de la doctora se caracteriza por la inactividad, desorden y contrataciones de allegados.

González Leche lleva siete meses de gestión y durante estos, ya despidió a los directores de Administración y Recursos Humanos, que ella había llevado. Se rumora que las destituciones fueron porque estos directores no quisieron contratar al personal que ella indicaba y tampoco se prestaron a las negociaciones para crear una sede del instituto en la zona 1, en un edificio cuyo alquiler mensual será de Q35 mil mensuales y donde estarán los abogados y psicólogos

El inmueble se ubica en la 8 calle, 1-63 de la zona 1, aseguran fuentes internas de la institución, quienes agregan que hace unos días, «fueron a Finanzas a pedir más dinero para más contrataciones».

Sumado a lo anterior, las condiciones para los trabajadores están muy lejos de reflejar el discurso de «justicia social» de la izquierda que hoy administra esa institución, cuyas autoridades han tenido que rectificar traslados ilegales y despidos indirectos, luego de que la Inspección General de Trabajo pusiera dos prevenciones.

El presupuesto de la institución era de Q50 millones y actualmente es de Q76 millones. Sin embargo, no se ha inaugurado una sola sede. Esto contrasta con la administración de la cuestionada Alejandra Carrillo, quien dejó inauguradas 26 sedes, las actualmente existentes.

González Leche es implacable con el sindicato de trabajadores del Instituto de la Víctima, quienes denunciaron en un comunicado reciente las injusticias y desigualdades, así como la represión contra los sindicalistas, que se están dando en la institución.