El «Pacto Sinvergüenza»: sindicalismo estatal en Guatemala
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó hoy el análisis de los pactos colectivos en siete instituciones. La conclusión al revisar los datos es que se trata de «Pacto Sinvergüenza», como bien lo califica el CIEN. Puestos hereditarios para los descendientes de burócratas, vehículos, gasto excesivo de la remuneración, lo cual afecta la recaudación tributaria y secretividad en la discusión del pacto evidencian lo que desde hace años se convirtió en un conjunto de prácticas anticonstitucionales que afectan al desarrollo del país.
Redacción
El CIEN realizó un estudio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se realizan al amparo del sindicalismo estatal, lo que según exponen, «usa marcos de derecho privado para relaciones laborales públicas», lo que sería una debilidad de dichos convenios.
Para su informe, el CIEN analizó los pactos colectivos de:
Ministerio de Educación (MINEDUC), homologado el 18 de marzo de 2022.
Organismo Judicial (OJ), suscrito el 6 de mayo de 2025, con duración de dos años.
Ministerio de Economía (MINECO), suscrito y homologado en 2011.
Empresa Portuaria Quetzal, suscrito en mayo de 2019.
Municipalidad de Villa Nueva, suscrito en 2013.
Congreso de la Reupublica, suscrito y homologado en 2005.
Universidad de San Carlos de Guatemala, suscrito en agosto de 2017.
En todos esos pactos se encontraron: privilegios sindicales; licencias y poder absoluto; beneficios desproporcionados; tiempo libre excesivo; herencia del puesto y negociación con fondos públicos.
«Los siete pactos colectivos revisados otorgan una amplia gama de beneficios que van mucho más allá de lo que establece la Ley de Servicio Civil y el propio Código de Trabajo. En muchos casos, estos beneficios están exclusivamente destinados a líderes sindicales», señala el documento del CIEN, que incluye el siguiente cuadro:
Realidad que supera la imaginación
Según indica el CIEN:
«Este “Pacto Sinvergüenza” no es producto de la imaginación. Cada cláusula está vigente en alguna institución del Estado guatemalteco. De continuar esta práctica, este pacto podría dejar de ser un ejercicio hipotético. Si estas prácticas continúan y se consolidan, el escenario podría transformarse en una realidad institucionalizada, generando derechos adquiridos difíciles de revertir y comprometiendo de forma grave la sostenibilidad fiscal, la equidad laboral y la eficiencia del aparato estatal. Los siete pactos colectivos revisados otorgan una amplia gama de beneficios que van mucho más allá de lo que establece la Ley de Servicio Civil y el propio Código de Trabajo. En muchos casos, estos beneficios están exclusivamente destinados a líderes sindicales».
El documento también expresa que: «Los pactos colectivos en el sector público guatemalteco han generado creciente interés debido a su impacto sobre la sostenibilidad fiscal, la eficiencia institucional y la equidad en la gestión del recurso humano. En este contexto, el presente estudio analiza el contenido de siete pactos colectivos vigentes al año 2025, con el objetivo de identificar patrones, beneficios negociados y vacíos normativos que limitan una buena gestión pública basada en el mérito, transparencia, eficiencia y racionalidad».
En cuanto a los compromisos financieros que dichos convenios representan al Estado, en 2024 el crecimiento en remuneraciones superó los Q2 mil 459 millones.
Otros beneficios
Otros beneficios que otorgan los pactos y no están vinculados con el desempeño, perjudicando la meritocracia y contraviniendo las normativas que regulan al empleado público, como la Oficina Nacional del Servicio Civil y otras, son:
Bonos y beneficios automáticos: no vinculados a desempeño.
MINEDUC → Bono profesionalmensual Q700 + bonificación anual Q2,500 (fija). OJ → Bono Semana Santa Q3,500, bono escolar Q3,000, bono mensual Q3,200.
EPQ → Bono vacacional anual equivalente al 125% salario asegurado + incrementodel175%alaguinaldoanualmente. MINECO → Bonos acumulativos y aumentos salariales (9–21%).
Como consecuencia, además de un sector público privilegiado por beneficios que no representaron ningún esfuerzo, el Estado enfrenta «cargas fiscales permanentes que distorsionan salarios, reducen flexibilidad presupuestaria y afectan la sostenibilidad del gasto público», señala el CIEN.
