Cisne Blanco, un caso que revela cómo operaba Thelma Aldana en el MP
El jueves 22 se realizará la audiencia de fase intermedia del caso Cisne Blanco, donde se espera que el Ministerio Público (MP), solicite el sobreseimiento de dos delitos, debido a las ilegalidades cometidas por Thelma Aldana y un grupo de sus incondicionales, quienes amenazaron a uno de los sindicados (hoy testigo protegido), para que entregara información que implicaba a la entonces Fiscal General.
Redacción
En 2015, un abogado particular y cuatro empleados del MP, entre auxiliares fiscales, investigadores y una oficinista, fueron capturados en operativos que incluyeron 13 investigadores criminales; 48 agentes policiacos; 9 autopatrullas y un “equipo K9”, unidad canina, especializada en narcotráfico y crimen organizado.
Las autoridades del MP que intervinieron en esta captura y el proceso resultante fueron Thelma Aldana; Mayra Véliz, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Stuardo Campo y César Romeo Santos y Santos (fiscales de Asuntos Internos en dos momentos del proceso).
Recientemente, se conoció que el Juez Pedro Lainez, del Juzgado Cuarto, certificó lo conducente contra los funcionarios del MP mencionados, “por los posibles delitos de tortura, coacción, obstrucción de justicia y abuso de autoridad en el caso Cisne Blanco, causa Causa 01069-2015-252”.
Además, pudieron ser responsables de cometer falsedad material, ya que consignaron datos falsos en un testimonio y cambiaron una fecha”.
Cisne Blanco, operativo estilo CICIG
Como ya se mencionó, el operativo montado para capturar al grupo de abogados y otros trabajadores de escritorio parece excesivo, ya que no era gente armada, sino empleados del MP y un abogado.
El MP consignó en ese momento:
“Hoy se realizaron 8 allanamientos como parte del operativo denominado «Cisne Blanco II», en búsqueda de empleados del Ministerio Público (MP) y particulares que facilitaron información sobre investigaciones criminales en desarrollo”. Esto evidencia que el operativo no fue contra una banda armada, sino como señaló el MP: “empleados del MP y particulares”.
Entre los atropellos más notorios, cabe mencionar que la esposa de uno de los sindicados fue obligada a permanecer de rodillas frente a sus pequeños hijos, mientras el grupo comandado por Stuardo Campo registraba minuciosamente su vivienda.
Vidas quebradas por una acción judicial que podría concluir en sobreseimiento
El testigo A1 expuso en su declaración que desde el primer momento, sufrió vejaciones y torturas de las autoridades. Por ejemplo, hostigamiento contra diferentes miembros de su familia y amenazas que fueron desde enviar a sus hijos al orfanato, hasta la posibilidad de que pudiera morir “allá afuera”.
Todo esto, para presionarlo a que entregara documentos que, según asegura, probaban que Thelma Aldana tenía contratado en una plaza fantasma al actual candidato presidencial Julio Rivera Clavería. Esto quedó consignado en la declaración del testigo ante el juez.
“Me coaccionó para que dijera lo que él quería”, afirma el testigo, quien indica que los otros fiscales actuaron de igual manera. Entre otros, le dijeron que podían acusarlo por lavado de dinero si no repetía la narrativa indicada.
No solo fue el testigo, sino todos los imputados, quienes vieron desintegrarse muchos aspectos de sus vidas. Empezando por el laboral, ya que todos son personas que viven de sus respectivos trabajos, y pasando por sus relaciones familiares. Parejas destruidas y otros efectos de la situación son el saldo de un largo proceso que podría concluir sobreseído el jueves 22.
Campo, el fiscal inmisericorde
El 26 de mayo recién pasado fue capturado Stuardo Campo, quien aseguró a la prensa que conocía la orden de captura y lo había hablado con Thelma Aldana (prófuga de la justicia).
Campo descalificó la denuncia en su contra, porque fue interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), de la que dijo que “persigue sistemáticamente a los operadores de justicia”.
Sin embargo, los delitos que se le imputan son serios y reveladores. Por ejemplo, en el caso Alfa Siete una señora de 70 años, de clase trabajadora, estuvo presa durante 27 días por “un error” (identidad equivocada). Esto fue zanjado por Campo cuando al darse cuenta de su error, pidió falta de mérito y liberó a la víctima, sin una disculpa ni indemnización del Estado.
El otro caso, llamado Tamaulipas, incluye la sustracción de Q80 mil durante un allanamiento, aunque los afectados demostraron el origen lícito del dinero. Campo argumentó ante los medios que “no se puede determinar a priori la procedencia”, pero para la familia afectada, esto fue una apropiación indebida.
Similar situación ocurrió en el allanamiento contra la familia Bitkov, otro de los casos que llevaron a Campo a la cárcel. Según narra Igor Bitkov, el allanamiento en su hogar duró casi 24 horas y los agentes, comandados por Campo, actuaron con total desconsideración hacia la familia.
Entre otros, Bitkov ha denunciado que robaron ropa, joyas, relojes y hasta juguetes del niño de tres años que fue enviado al orfanato (la misma amenaza que después realizó contra el testigo del caso Cisne Blanco).
El sistema de justicia debe proteger y respetar la integridad de los imputados, sean o no culpables. En el caso de la estructura conformada por Aldana, Véliz y sus fiscales incondicionales, no se respetó a las personas ni a la propiedad privada.
Sumado a esto, los procesos montados de forma tan aparatosa casi siempre concluyeron en la absolución por falta de pruebas y en los casos más dramáticos, como la señora de 70 años, en la liberación sin una disculpa.
Stuardo Campo se encuentra en un momento muy complicado, donde sus acciones pueden pasarle factura. Entretanto, el caso Cisne Blanco, podría ser sobreseído, como un nuevo revés para el grupo de Aldana.
