Estado de Calamidad fallido, un nuevo revés

De los 160 diputados, 84 no avalaron el Estado de Calamidad que Bernardo Arévalo pretendía imponer para dotar al gobierno de Q110 millones, supuestamente destinados a sofocar un incendio que el domingo 14 ya estaba totalmente controlado.

El incendio en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Amatitlán (AMSA), fue un hecho lamentable que además de evidenciar a dicha autoridad, demostró nuevas debilidades en un gobierno que, a 91 días de asumir, no ha cumplido uno solo de sus compromisos y tropieza cada vez que trata de avanzar un paso.

Por ejemplo, el decreto gubernamental que imponía el Estado de Calamidad, no fue publicado en el Diario Oficial inmediatamente, tal como obliga la Ley de Orden Público, señaló el abogado constitucionalista Omar Barrios en sus redes, donde hizo notar que dicho decreto se publicó después de ser improbado por el Congreso.

Sumado a ello, el gobernador departamental de Guatemala, Diego de León, dijo a los medios que «no tiene conocimiento de cómo se va a manejar el tema de AMSA, que para él es un tema de CONRED y del “Ejecutivo”.

Esta afirmación supera todas las expectativas negativas sobre el poco conocimiento del Estado que tienen muchos de los funcionarios emergentes en el actual régimen, ya que el gobernador departamental preside la Junta de Representantes de AMSA. ¡Vaya si no estaba obligado a «tener conocimiento»¡

Para abonar a la inestabilidad, el Ministerio de Educación suspendió clases más de tres días consecutivos la semana pasada. Posteriormente, al ver que el incendio no era la catástrofe apocalíptica anunciada y que los Q110 millones se esfumaban del panorama, la titular Anabella Giracca dijo que los estudiantes podrían retornar este lunes 15, pero «usando mascarilla». Poco después se volvió a retractar, eliminando la obligatoriedad de la mascarilla, cuyas bondades son más que discutibles si bien es muy conocido que las mascarillas quirúrgicas a las que la mayoría tiene acceso, no impiden el paso de partículas pero quitan capacidad pulmonar a los infantes.

Para abonar a la inestabilidad e incoherencia, la destitución de María José Iturbide, quien dirigió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por unos días y salió «por la puerta de atrás» cuestionada porque al parecer, su hija habría usado un vehículo oficial para divertirse.

El delito de Iturbide se llama «peculado por uso», pero hasta el momento no ha sido denunciada penalmente por el gobierno actual. Al mismo tiempo, usuarios de redes se dieron a la tarea de documentar vehículos oficiales circulando en fines de semana u horarios no laborales y documentaron por lo menos cinco de estos, en centros comerciales, gimnasios y otros sitios inadecuados para que un funcionario visite en carro oficial.

Urge que estas placas sean investigadas y los casos tengan el mismo abordaje que el de Iturbide, ya que de no hacerlo así, el gobierno podría despertar suspicacias sobre el trasfondo de la denuncia mediática y la medida inmediata: deshacerse de Iturbide para nombrar a Patricia Orantes Thomas, fundadora de Semilla y muy cercana al mandatario.

Tal como Jonathan Menkos, la nueva titular del MARN llegó al Ejecutivo directamente de la curul y aunque el artículo 160 de la Constitución permite a los diputados ejercer como funcionarios, el hecho revela lo que es archi conocido: Arévalo llegó al gobierno sin cuadros.

Esto lo obligó a reciclar ex funcionarios de diversas administraciones anteriores y también a echar mano de sus diputados más leales, lo que además de defraudar a los incautos votantes, que según ellos eligieron a X o Y como diputados, muestra crudamente la inexistencia de un equipo preparado para gobernar.

Finalmente, la posición de Arévalo ante los ataques de Irán a Israel, lo ubica entre los aliados del Foro de Sao Paulo Brasil, Chile, México y Venezuela, que de forma unánime se pronunciaron por una solución pacífica, evitando posicionar a Guatemala entre los aliados de Israel, tal como hizo Argentina.