La selva de Petén en peligro: La batalla por la tierra y la biodiversidad
Durante décadas, la selva de Petén ha sido objeto de la usurpación de recursos por parte de invasores, ganaderos y narcotraficantes, que aprovechan el abandono estatal. Hoy, el futuro de este último bastión de biodiversidad se encuentra en manos del Congreso de la República.
Redacción
Representantes de comunidades asentadas en los márgenes de las reservas del noreste del Petén, presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Áreas Protegidas y la normativa que protege la Reserva Maya. Buscan legitimar su permanencia y gestionar recursos dentro de las áreas protegidas, inspirados en el modelo de cooperativas en la Biosfera Maya.
La propuesta cuenta con el respaldo de figuras como Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Aldo Dávila y el diputado de VOS, José Chic, este último también del CCDA. Durante la entrega de la iniciativa, el presidente del Congreso, Nery Ramos Ramos manifestó su apoyo.
Estas comunidades argumentan haber sido objeto de criminalización y desalojos desde 1990, a pesar de presentar propuestas de desarrollo integral desde 2016, las cuales han sido rechazadas por el CONAP. Entre las comunidades afectadas se encuentran Nueva Jerusalén, Nuevo San José, Las Victorias, La Gloria entre otras.
Mientras tanto, nuevas invasiones en áreas remotas y sitios arqueológicos contrastan con la disputa sobre la legitimidad de estas comunidades. Asimismo, la deforestación y otros delitos asociados, como el tráfico de animales y el narcotráfico, que afectan gravemente la región.
La reforma propuesta al Legislativo sobre áreas protegidas podría dar control de la tierra a más de 280 mil personas en estas reservas, pero también amenaza con intensificar la invasión y la destrucción del bosque. Los invasores, frecuentemente son empleados por grupos criminales y ganaderos, para despejar grandes porciones de selva. Además, los campamentos improvisados incrementan el riesgo de incendios forestales. Cada año, se reportan pérdidas de más de 50 mil hectáreas de bosque a causa de los fuegos provocados.
La complejidad de la tenencia de la tierra y la protección de la selva exige un abordaje serio. Reformar la ley para modificar el estatus de estas comunidades plantea un conflicto que amenaza tanto el ecosistema como a las familias vulnerables de ser manipulados por grupos criminales.
