El antejuicio de la fiscal general ¿Qué hay detrás de todo?
Era de esperarse que el gobierno hiciera todo lo posible para detener las investigaciones en curso en el MP por irregularidades durante la primera vuelta electoral e ilegalidades cometidas en la constitución de Semilla, lo cual les impide tener total control en el Congreso. Por eso, no sorprende la solicitud de la PGN de retirar el derecho de antejuicio a la fiscal general Dra. Consuelo Porras. Son preocupantes las declaraciones de Arévalo y especialmente de Gerardo Guerrero, secretario de la presidencia, amenazando a los que no están de acuerdo con ellos.
¿A qué se refiere Guerrero cuando dice que esta es una de varias acciones por parte del Ejecutivo en contra de aquellos actores “corruptos” que estén en contra del estado de derecho? ¿Es que piensan actuar penalmente en contra de los ciudadanos que señalen al TSE de corrupción y de cualquiera que se les oponga? ¿Pretenden infundir temor para que nadie opine? Pareciera que lo que buscan es obtener el poder total a través de leyes habilitantes que les den el control de los demás órganos del Estado.
El ejecutivo parece creer que no puede perder esta batalla, pues, aunque no cuente con sustento legal para destituir a la Fiscal confía en que sus aliados extranjeros pueden presionar a los jueces. Si esto no les funcionara, puede culpar al “pacto de corruptos” de que no los deja gobernar para pedir al Congreso que los habilite para restringir garantías constitucionales que les permita “garantizar la estabilidad de las instituciones del Estado”, como lo dice la ley de Orden Público. Si logran su objetivo, el Ejecutivo asumiría las funciones de los tres órganos del Estado con el pretexto de salvar al país de la corrupción, instaurando una dictadura al estilo de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
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