Mario Merida
Caminando entre luces y sombras
Breve préambulo
Durante los últimos seis meses del año pasado, escuchamos las promesas de cambios de forma y fondo, en toda la administración estatal de parte de los candidatos a cargos de elección popular comprometiéndose a servir a los habitantes del país en al menos dos organismos de Estado -Ejecutivo y Legislativo-, alcaldes departamentales y municipales. Pero, hasta hoy después de jurar su cargo, sólo observamos la reproducción de las primeras acciones de cada cuatro años.
Por lo que hemos observado, el Congreso se acomodó más rápido de lo esperado a las viejas prácticas y argucias de las anteriores legislaturas. Algunos diputados apenas se atreven a deambular entre los acolchonados asientos, en los cuales algunos dormitan y otros vociferan. Es decir, hace lo que les da la gana. Existe poco compromiso, así que no se vale que por intereses de bancadas abandonen la designación de la totalidad de las comisiones.
Aparentemente el Ejecutivo es el que mejor se preparó para relevar a los antiguos funcionarios e imagino que los relevos de estos se ocupan de elaborar el plan estratégico para cumplir la siembra de las “24 semillas”, que guiarán la administración 2024-2028, para bien del país y en cumplimiento de lo que ordena la Constitución Política de la República.
El proyecto político 2024-2028
Las “24 semillas”, comprenden cuatro ejes estratégicos: 1. Salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción; 2. Rescatar la economía; 3. Construir un gobierno que esté presente y 4. Frenar la delincuencia. Del 1. Eje –4 acciones– resalta la Presentación de “denuncias de corrupción”, acerca de la que escuchamos algunos hallazgos y acciones iniciales por parte del Ministerio Público, como la investigación en el aeropuerto por la compra de gradas para uso de esa dependencia. Asimismo, lo referente al nombramiento de funcionarios “probos y capaces”. Desempeño que se evaluará a lo largo del periodo de gobierno, principalmente el quehacer de los gobernadores, cuya importancia será comentada más adelante.
El 2. Eje –8 acciones, es importante desde el punto de vista social, en virtud que asume el compromiso de mejorar el diseño de acceso a “medicamentos y farmacias” y la “rebaja al costo de la luz eléctrica”, cuyo resultado beneficiará a la mayoría de la población, siempre que se haga realidad.
El 3. Eje –4 acciones-, entre las que resalta “El manejo de recursos hídricos, desechos sólidos y bosques”. Así, como “Acciones para una vivienda digna”
El 4. Eje -8 acciones-, apunta a resolver uno de los problemas que más afecta directamente a cada guatemalteco y al país en general, como lo es la delincuencia. Por supuesto, que el compromiso de “Frenar la delincuencia”, no se logrará un cuatrienio, como tampoco será suficiente intentar “Reducir las extorsiones desde las cárceles”; “Controlar el crimen organizado”; el reordenamiento del despliegue del dispositivo policial, para que la policía este presente en las áreas de mayor criminalidad; la “dignificación del policía e incremento de policías”; “Control y construcción de las cárceles”; planes para “reducir la violencia contra la mujer” y “El combate al Contrabando”
Todos los ejes y las acciones propuestas son importantes, algunas de urgencia por el impacto que causan en la gobernabilidad. Unas de mayor urgencia en su implementación por interrelación y convivencia con ciertos antagonismos, como la corrupción y la desinformación con capacidad de obstaculizar, la concreción de la Política de la Seguridad de la Nación, actúan de manera deliberada hasta llegar a constituir reales amenazas.
Instrumento legal
El espacio ideal para analizar y diseñar los planes estratégicos de seguridad, es apegarse a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008), relegada por los últimos gobiernos, en que se hace una clara referencia en el tercer considerando a los “Riesgos y amenazas que enfrenta la seguridad lo cual plantean una mayor complejidad, por lo que es necesario fortalecer y estrechar la coordinación entre las instituciones competentes en el ámbito de seguridad, asumiendo un acercamiento programático focalizado en seguridad y justicia, como una totalidad comprensiva e integrada, a fin de dotar al Estado de las herramientas indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Al momento de cerrar este artículo aún no se conoce si el consejo ya está funcionando en atención el último eje estratégico, en el cual también están llamados a desempeñar un rol vital los anónimos gobernadores departamentales aún pendientes de nombrar por el presidente.
Representantes del Presidente
Los gobernadores no son funcionarios de cuarta categoría, sino autoridades de primer orden o al menos así deberían sentirse; ya que además de representar al presidente presiden los “Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural” y asuntos relacionados con la seguridad, funciones importantes para las políticas de desarrollo departamental y municipal – (Ley Organismo Ejecutivo. Decreto 114-97Art. 42)- que el presidente se ha planteado.
Entre las unciones asignadas a los gobernadores departamentales, relacionadas con la Agenda de Amenazas y Riesgos a la Nación están: “d) Propiciar e impulsar el pronto y eficaz cumplimiento de las políticas y acciones generales y sectoriales del Gobierno Central y m) Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil, bajo las directrices del ministro de Gobernación” (DECRETO NÚMERO 114-97. Artículo 47. Atribuciones de los Gobernadores Departamentales).
Así, las cosas. La elección de los gobernadores no es una actividad de trámite, sino de trascendental para la administración e implementación de las políticas públicas. Lo cual obliga el Ejecutivo a empoderar a los gobernadores mediante los mecanismos requeridos a su investidura.
Conclusiones
Es necesario insistir en la importancia que está llamado a desempeñar el Sistema Nacional de Seguridad. Sobre todo, conociendo el pago de Q 500 mil que están pagando algunos asociados a la gremial de alimentos, extorsión que sin duda es trasladado al consumidor final.
Debe aceptarse que la atención colegiada a la situación coyuntural y estructural del país, requiere de un trabajo interinstitucional, así como de la participación de otros actores reconocidos por su importancia, de acuerdo con los literales “m) Convocar a los funcionarios y expertos que considere necesarios; n) Convocar a los niveles de organización de la sociedad guatemalteca, en el ámbito de su competencia, cuando se considere necesario” (artículo 10. Decreto 18-2008). Que abren el espacio para que los gobernadores asistan por lo menos trimestralmente a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y servir de intermediarios para promover el control ciudadano (Artículo 35. Decreto 18-2008[1]).
[1] La participación ciudadana es un control democrático externo, autónomo e independiente, que podrá ser canalizado hacia la comisión legislativa correspondiente en el Congreso de la República; al Consejo Nacional de Seguridad, en cumplimiento del artículo 10, literal o) de la presente ley; al Procurador de los Derechos Humanos; a los Partidos Políticos y demás instancias del sistema democrático.
