Silvia Valdés: “Me convertí en un ente incómodo”
Silvia Valdés: “Me convertí en un ente incómodo”
Hija de dos abogados, su padre fue un juez íntegro, asesinado en 1980 por cumplir la ley a cabalidad. Silvia Patricia Valdés Quezada aprendió desde muy pequeña que vale la pena defender la justicia, y probablemente por su origen, para ella es más doloroso que “un funcionario estadounidense de tercera categoría” se atreviera a señalarla de “corrupta y antidemocrática” por el “delito” de reconocer, junto con otros magistrados, que debe investigarse la compra de un sistema que costaba Q23 millones en Q148 millones.
Roxana Orantes Córdova
A diferencia de jueces y magistrados que llegaron a sus puestos a través de amparos y conexiones, Silvia Valdés afirma: “comencé desde abajo, fui comisario en un juzgado de Paz Penal y desarrollé una carrera durante varios años, hasta llegar a la magistratura”.
Silvia Valdés ha sido objeto de múltiples injusticias, como en septiembre de 2016, cuando la Fundación Myrna Mack logró anular su toma de posesión como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Paradójicamente, meses después asumió como presidente interina, y dicho cargo se prolongó gracias al amparo de dicha fundación, para la que se convirtió en un “ente incómodo” desde el momento en que se negó a obedecer las órdenes de Iván Velásquez, Todd Robinson y Thelma Aldana, quien según cuenta, en una ocasión le sugirió que la propusiera para el Premio Nobel de la Paz, cuando la hoy prófuga ex Fiscal se encontraba en su apogeo, luego de las manifestaciones de 2015.
El colombiano, el estadounidense y otros personajes la habían invitado a que apareciera junto a ellos en un balcón del Congreso, promoviendo las reformas constitucionales que lucharon por imponer. Ella obviamente, se negó.
Silvia Valdés es una señora de trato amable y plática fluida, quien pasa de un tema a otro sin perder el hilo de la conversación y a la que seres amparados en el anonimato, conocidos como “netcenter”, insultan y amenazan cotidianamente a través de las redes sociales.
Entre quienes profieren estos insultos hay algunos activistas “defensores de derechos humanos” que no se ocultan y para quienes es válido publicar los datos privados de sus “enemigos”. Por ejemplo, la señora Brenda Hernández, de la ONG Udefegua, dio a conocer la dirección de la magistrada, instigando a supuestas turbas para interceptarla y agredirla.
Entre otros, recibió un vídeo en el que se exhibe una granada mientras una voz masculina que lanza insultos muy obscenos y asegura que la podrían lanzar esa granada frente a su vivienda o a la salida de su trabajo.
Curiosamente, Udefegua es una “unidad de defensores de defensores de derechos humanos” (SIC), y atienden denuncias variadas, aunque su defensa se limita a los activistas de izquierda plegados a los intereses del Departamento de Estado estadounidense.
La cantidad de insultos y cobardes amenazas es demasiado larga, pero la magistrada no se amedrenta por ello, si bien reconoce que es una situación molesta. La inclusión en la lista Engel, días antes de que esta caducara y por avalar la investigación de un hecho corrupto, es algo que le afecta, si bien tiene toda la disposición de llegar a las autoridades estadounidenses hasta las últimas consecuencias, según comenta.
“Ridículo, absurdo y basado en mentiras”
En diciembre, Silvia Valdés se enteró de que había sido incluida en la infame “lista Engel”. “No soy antidemocrática ni cometí ninguna acción para meter a personas corruptas en las cortes. Es una ofensa que un funcionario estadounidense de tercera categoría, sin ningún conocimiento de las leyes guatemaltecas, se atreviera a acusarme».
“Es algo bastante ridículo, ya que el Congreso elige magistrados, no el presidente de la CSJ. En cuatro líneas me echaron a perder una carrera intachable de 25 años. Según ellos, participé en un plan para llevar magistrados y jueces corruptos a las cortes, lo que es inaceptable y para mí se ha convertido en motivo de vergüenza, aunque toda mi familia y personas cercanas saben la verdad. Se me calificó como actor corrupto y antidemocrático seis días antes de que esa ley expirara”.
“La visa no es mi motor. Lo que me ofende profundamente es que no soy antidemocrática ni hice absolutamente nada para corromper las cortes. Es evidente que hubo molestias entre ellos porque junto con los otros magistrados, avalé que el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral llegara al Congreso, ya que compraron en Q148 millones un sistema que en realidad cuesta Q23 millones. Eso debe ser investigado. Debe aclararse que este antejuicio no está relacionado con el supuesto fraude electoral, es el inicio de una investigación necesaria sobre una compra anómala que fue denunciada por la Contraloría General de Cuentas”.
Así como a Valdés, más de cien diputados que también reconocieron la necesidad de investigar la compra sobrevalorada del TREP fueron privados de la visa estadounidense y señalados de corruptos y antidemocráticos por el funcionario estadounidense.
La abogada ya inició acciones para revertir la infamia cometida en su contra. “Tengo expectativas en EE.UU. Deben respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, deben llegar al fondo de la situación y no permitir que se destruya a funcionarios probos con pruebas falsas y obtenidas ilegalmente”.
“Me convertí en un ente incómodo”
La magistrada se convirtió en blanco de los grupos izquierdistas “pro derechos humanos”, cuando se opuso firmemente a las reformas constitucionales que promovían Todd Robinson e Iván Velásquez, obsecuentemente secundados por Thelma Aldana y otros actores como Alejandro Balsells, quien redactó un paquete de reformas considerado disparate por varios juristas.
“Planteé tres inconstitucionalidades contra la Ley de la Carrera Judicial”, señala y recuerda varios despropósitos que implicaba dicha ley, como el nombramiento de jueces que constitucionalmente corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
“Me volví un ente incómodo”, indica Valdés, quien también fue opositora a que se impusiera en todo el país el ejercicio del llamado derecho consuetudinario, conocido como “justicia maya”, que, entre otros, contempla los castigos corporales con látigos o varas según el delito.
En otro momento más reciente, recuerda cuando representantes de los 48 Cantones la visitaron para exigirle que destituyera al juez Fredy Orellana, ya que a esta organización no le parece que dicho juez haya suspendido provisionalmente a Semilla, partido investigado por supuestas ilegalidades en la inscripción de su comité cívico.
“No puedo complacerlos con la destitución del juez”, les dijo y trató de explicarles que existen procedimientos para ello, los cuales no dependen en absoluto de la voluntad del presidente del OJ. Estos hechos y muchos otros, como opiniones sobre el negocio del resarcimiento por hechos del enfrentamiento armado, convirtieron a Valdés en un ente incómodo y llevaron a su inclusión en la “lista Engel”, de la que asegura, no descansará hasta lograr la reivindicación de su nombre y la aplicación de la justicia ante instancias estadounidenses, donde espera que el hecho se investigue a fondo.