El fracaso del proyecto socialista de la derecha chilena

El siguiente texto es un análisis de Vanessa Kaiser Barents von Hohenhagen, PhD en Filosofía y PhD en Ciencia Política. Directora de la Cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile.

En Chile la derrota de la derecha es total, no porque haya perdido el plebiscito, sino debido a que ha abrazado el proyecto político de la extrema izquierda. Usted se estará preguntando, ¿no había obtenido un triunfo contundente el Partido Republicano (PR) en las elecciones de consejeros constituyentes hace pocos meses? Vale la pena reconstruir esta historia porque de ella pueden aprenderse varias lecciones, en especial, si atendemos al hecho de que el desmantelamiento institucional a partir del desfonde de sus fundamentos culturales es el objetivo que la izquierda avanza a nivel global, tanto desde su alianza con grupos separatistas como desde el imperio de los tratados internacionales y el soft law sobre la legislación de cada país.

Todo comenzó el 18 de octubre de 2019 cuando un golpe de Estado se cubrió con el manto del malestar social que explotó en las calles tornando imposible el control de los revolucionarios, violentistas y subversivos. El objetivo era claro: la caída del gobierno de Sebastián Piñera y el cambio de la Carta Magna. En otros términos, derrocar a un Presidente “de derecha” democráticamente electo y dar inicio a un proceso de refundación del país fueron las dos vías que avanzó una izquierda aliada con el narco y los vándalos, dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias aprovechando el momento que les había concedido la historia. Pero el destino tiene sus trampas y laberintos. La pandemia fue el factor determinante, pues congeló los avances incendiarios sustrayendo de las manos de los golpistas su arma más poderosa: la violencia y el caos desatados.

En medio de las cuarentenas el proceso constitucional siguió su curso tras un plebiscito de entrada en el que el 78% se pronunció a favor de una nueva Carta Magna y de un proceso sin los partidos políticos. Este evento electoral marca el primer hito de la trágica historia que desfondaría al PR un año después: nunca, en ninguna encuesta desde el retorno de la democracia, la ciudadanía manifestó preocupación por una reforma constitucional, sin embargo, la convencieron de que una nueva Carta Magna era el camino para la solución de todos sus problemas. ¿Quiénes la convencieron? Los medios de prensa y un amplio espectro de los partidos, exceptuando al PR que se mantuvo firme en contra de un proceso nacido de la violencia y extorsión revolucionaria.

Detrás de la campaña orquestada para el cambio de nuestra Constitución está, naturalmente, el poder del dinero. La pregunta cuya respuesta es clave para entender el profundo descalabro que vivimos en Chile es por qué los empresarios decidieron, tanto en el primer como en el segundo proceso- ilegal e ilegítimo-, apostar fuertemente por entregarle a la extrema izquierda la institucionalidad del país. Intuyo que se convencieron de que a los golpistas y revolucionarios no se les puede aplicar la ley, sino que más bien su revolución es legítima, puesto que no pueden vivir en un país que se rige por reglas nacidas en el régimen militar. En otras palabras, desde la perspectiva que nos aporta un análisis de los hechos y conductas, podemos inferir que la izquierda antidemocrática persuadió a los grandes empresarios de que no va a permitir gobiernos de derecha y no abandonará la revolución hasta que nuestra Carta Magna sea fiel reflejo de su proyecto político. Coherente con esta interpretación es lo sucedido tras el contundente rechazo del nuevo texto por parte de la ciudadanía. No había transcurrido ni un mes del plebiscito y la derecha tradicional reiniciaba las negociaciones para abrir un nuevo proceso. Los negociadores violaron no solo las reglas que se dieron a sí mismos- el triunfo del Rechazo al primero proyecto implicaba el término del experimento constituyente-, sino la Constitución que establece que nadie puede arrogarse la soberanía que radica en la nación y se expresa por el pueblo en elecciones periódicas. “Todo sea porque la extrema izquierda no nos incendie el país ni nos dé otro golpe de Estado el día que se elija un gobierno de derecha”, imagino que estaban pensando.

Los únicos que denunciaron sistemáticamente la ilegalidad del proceso y la traición a la decisión del pueblo de poner fin al experimento constitucional fueron los miembros del PR. Y la ciudadanía los premió eligiéndolos mayoría para representarla en un consejo constituyente. El mandato era claro: los chilenos votaron en masa por los únicos que se habían opuesto al desmantelamiento institucional del país.

Apenas elegidos mayoría, los consejeros republicanos, mientras aún resonaban los festejos, comunicaron una noticia que desencajó los puntos cardinales de nuestro mapa político: en lugar de obedecer el mandato de rechazo al proceso y ser coherentes con su posición, el PR comunicó su decisión de torcer la voluntad ciudadana. Optó por legitimar el proceso, aun sabiendo que no podría redactar el texto constitucional pues este venía previamente definido no solo en 12 bordes negociados con los golpistas, sino, en un extenso documento elaborado por “expertos” de izquierda neomarxista y de derecha genuflexa. Así fue como pasamos desde un éxito político basado en la coherencia, la defensa de la institucionalidad y la apelación permanente al retorno del imperio de la ley a una tragedia del absurdo. Los consejeros republicanos inicialmente guardaron silencio para poco después aparecer promoviendo un proyecto que, a pesar de sus indicaciones, contiene las bases ideológicas de los golpistas y habilita la refundación del país. ¿Por qué? La hipótesis más plausible es que la casta política- derecha genuflexa y empresarios aterrados- los haya convencido de que el rechazo ciudadano podía revertirse y el PR capitalizar el triunfo electoral, pensando que luego podrían cambiar el texto con una mayoría parlamentaria. Y no era del todo desquiciado. Después de todo, los chilenos se habían dejado engañar la primera vez con el tongo constitucional. El hechizo mediático podría repetirse y los empresarios pusieron el bolsillo a la obra.

En medio de la pérdida del norte que afecta a la derecha, unos pocos, habiendo leído el texto, nos preguntamos por qué el líder del PR llamaba a votarlo favorablemente, sabiendo que ponía fin a la igualdad ante la ley, establecía derechos sociales jurídicamente exigibles, universales y progresivos, consagraba derechos colectivos para pueblos indígenas, mandataba al Estado a cambiar la matriz energética por una sustentable y a mitigar los efectos del cambio climático, además de impartir educación ambiental obligatoria. Para rematar transformaba la ley en un instrumento de ingeniería social que debía repartir los cargos “en todos los ámbitos de la vida nacional” de forma equilibrada entre mujeres y hombres. Si usted conoce la Agenda 2030, no cabe duda de que este contenido le será familiar.

En suma, los dirigentes del único partido que había logrado sobrevivir a las dinámicas de una casta política que no cree en la fuerza de la ley para contener a golpistas, revolucionarios, criminales y sediciosos, terminó siendo capturada, probablemente, a cambio de la promesa de un apoyo contundente en las próximas elecciones. El problema es que hoy el PR ha caído en lo mismo que criticaba de la otra derecha: ganar elecciones con las ideas de la izquierda. Sin embargo, nuevamente, los cálculos políticos y las afiebradas fantasías son superados por la realidad, puesto que los ciudadanos, rechazaron el proyecto de izquierda vestido de derecha, pero no porque se hayan enterado de su contenido, sino como voto en contra de toda la casta política. Y es que mientras el país se desangra y desgarra en manos del crimen y el narcoterrorismo y de un gobierno cuyo objetivo es transformarnos en una tumba del neoliberalismo, los políticos continuaban bajo los efectos del opio constituyente.

Hoy, los chilenos han recuperado la sensatez y vuelven a su legítima posición, cual es que nunca nadie quiso cambiar nuestra institucionalidad. En contraste, hasta el domingo 17 de este mes, la casta política seguía bajo los efectos del opio constitucional pulverizando a la derecha recién nacida que hizo propio el texto de izquierda neomarxista llamando a aprobarlo. El diagnóstico para el sector es grave, pues hasta el día del plebiscito los economistas de derecha estaban a favor de un Estado enorme con derechos sociales garantizados y jurídicamente exigibles;  los juristas de derecha, a favor de la desigualdad ante la ley; los políticos de derecha, a favor de restringir los derechos fundamentales por ley simple y de cambiar la matriz ideológica de Chile por la de Venezuela; los votantes de derecha, a favor de enterrar su Constitución y entregarle a los revolucionarios lo que querían; los padres de derecha, a favor del adoctrinamiento climático de sus hijos; los empresarios de derecha, a favor del cambio de la matriz energética que tiene a medio Europa sumida en una crisis sin precedentes; las mujeres de derecha, a favor de que las distribuyan por sus genitales en los cargos de la sociedad; el “facho pobre,” a favor de más impuestos para la creación de 10 nuevos organismos estatales; los militares, a favor de enterrar su legado; las víctimas del narcoterrorismo etnomarxista, a favor de derechos colectivos para los pueblos indígenas;  los cristianos, que siempre hemos compartido el principio de ayudar a los más pobres, a favor de derechos universales que van a desmantelar la ética de la subsidiariedad; los miembros de cuerpos intermedios, a favor de que el Estado les imponga cuotas en los cargos por sexo; los demócratas, a favor del fin del principio,  una persona un voto; los patriotas, a favor de validar a nivel constitucional el soft law como instrumento de interpretación jurídica; los institucionalistas, a favor del desmantelamiento de los principios fundamentales de la República; los liberales de derecha, a favor de convertir la ley en instrumento de ingeniería social; los conservadores, a favor de una concepción antropológica materialista; los libertarios, a favor de darle más poder a los políticos y, los hombres de derecha, a favor de la igualdad sustantiva que los despojaba de su condición de iguales por ser los opresores de nuestra sociedad heteropatriarcal.

Solo la sensatez y algún inexplicable misterio salvó al país de una catástrofe institucional que ha hundido los destinos de tantos latinoamericanos que se sometieron al cambio de modelo y aceptaron el Estado social y democrático de Derecho. Este abre las puertas al socialismo del siglo XXI, entrega un poder casi omnímodo a la casta en detrimento de la libertad de los ciudadanos y pavimenta la próxima revolución o la llegada democrática al poder de una extrema izquierda que termina por destruir lo que queda de democracia constitucional y de libre mercado sin violar ni una sola ley de las que conforman el entramado de una institucionalidad diseñada a la medida de sus apetitos de poder total.