EE.UU. castiga la libertad de expresión en Guatemala

Para muchos, Estados Unidos es el paradigma de Estado que respeta las libertades individuales hasta las últimas consecuencias. Otros, en cambio, lo consideran un Imperio cuasi colonialista, caracterizado por guerras de agresión e invasiones a países cuyas acciones transgreden sus intereses.

Desde 1954, cuando el gobierno estadounidense fue el principal artífice y apoyo del movimiento liberacionista para derrocar al gobierno de Jacobo Árbenz, Guatemala se percibe como «socio» de aquel país, si bien la enorme disparidad de territorio, desarrollo y otras características, ponen Guatemala en evidente desventaja ante su «socio».

El grupo de congresistas estadounidenses demócratas, así como sus correligionarios en el Departamento de Estado, ocupan hoy el sitio de John Peurifoy, conocido en su época como «el as del Departamento de Estado para resolver problemas en bastiones comunistas».

Actualmente, los sucesores de Peurifoy, lejos de apoyar a la derecha, la castigan y si bien los actuales herederos de la «primavera democrática» arbencista están a años luz del comunismo marxista y académico, son la versión posmoderna de este y curiosamente, su mayor aval proviene del mismo Departamento de Estado que otrora derrocó a «la primavera» y hoy pretende instaurarla nuevamente a la fuerza, sin reparar en el derroche de millones de sus contribuyentes para financiar bloqueos ilegales, además de emplear recursos como la intimidación, para ocultar torpemente los muchos indicios de fraude y otras ilegalidades en el proceso electoral de Guatemala.

La embajada estadounidense no se mide para exponer su intervencionismo y sin tomar en cuenta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, constantemente opina sobre asuntos que atañen exclusivamente a Guatemala. Por ejemplo, las investigaciones que el Ministerio Público (MP), realiza sobre la compra irregular del TREP; las firmas falsas en la inscripción de Semilla y la ilegal toma de la USAC por grupos vandálicos y mafias incrustadas en esa institución.

Ninguno de estos temas tiene la mínima relación con Estados Unidos y en ningún caso, la investigación puede ser considerada como «amenaza» a ese país, cuyos funcionarios de segundo y tercer orden, insisten en asustar con sanciones económicas que no podrán ejecutar y a falta de estas, «castigan» con el retiro de su «preciada» visa a quienes exponen su pensamiento libremente. Al parecer, para este grupo de demócratas que en su país carecen del poder que presumen en Guatemala, la libertad de expresión se circunscribe a su territorio y a quienes repitan su discurso globalista.

El ejemplo más reciente es el retiro de la visa al columnista y empresario Carlos Torrebiarte, quien hoy escribió en su columna de opinión:

«Tratar de intimidar a aquellos con los que no están de acuerdo, en situaciones que no involucran a sus países, es una afrenta a la libertad de expresión, propia de estados totalitarios. Si defender la propiedad privada, la
libertad y escribir mi opinión sobre los problemas de Guatemala es algo que afecta
sus intereses, que así sea».

Evidentemente, las «terribles» sanciones económicas contra Guatemala anunciadas por la congresista Norma Cruz ni siquiera están encaminadas. Esto, porque para llevarlas a cabo, el tema de Guatemala debería llegar al Departamento del Tesoro, donde una investigación a fondo podría develar el destino de los donativos que USAID y otras agencias realizaron para ONG´s de izquierda, cuyas acciones lindan con el terrorismo, como los bloqueos recientes.

Aunque con un territorio pequeño y un Estado plagado de problemas como la corrupción, Guatemala es un país. No es un protectorado de la ONU ni del Departamento de Estado y por el momento, es un país donde aún existe el derecho de expresarse libremente, pese a esfuerzos de implantar la censura a través del miedo, como el realizado por la MOE UE, con un informe que raya en lo ridículo por su mapeo estalinista o macartista de imaginarios net center, donde la falta de rigor académico fue llevada al extremo de acusar a personas que en redes se identifican con su nombre y apellido.

Pese a los esfuerzos del grupo radical demócrata estadounidense y sus obsecuentes patrocinados guatemaltecos, en este país las investigaciones penales seguirán y llegarán a las últimas consecuencias. Porque, por el momento, esta es una nación soberana.