Mario Merida
La tiranía de las masas…y la justificación de los medios
La expresión “El fin justifica los medios”, que sirve de entradilla al presente artículo, explica lo que está sucediendo en Guatemala, en que un grupo de comunitarios de la cabecera del departamento de Totonicapán, tomaron carreteras y lugares de alta movilidad en la capital y sus municipios aledaños, para obligar a renunciar a funcionarios del Ministerio Público, (MP) a quienes señalan de hechos contrarios a sus intereses y deseos.
La frase en mención generalmente es atribuida a Nicolas Maquiavelo. No obstante, algunos autores se la atribuyen a Ignacio de Loyola, Thomas Hobbes o Hermann Busenbaum, especialmente este último para quien: “Cuando el fin es lícito, también los medios son lícitos”.
En el centro del debate aparece también la Iglesia Católica, representada por la orden jesuita, reconociéndole cierta responsabilidad, no en la construcción de la frase, pero sí en su aplicabilidad, que vino en parte a dar sustento a su empleo, como excusa de acciones aparente o ciertamente inmorales e ilícitas.
Cuando acudimos a la expresión el fin justifica los medios, pretendemos justificar, que lo que hacemos es válido, siempre que el resultado sea el que esperamos, aún si actuamos fuera de las normas éticas, morales y jurídicas, particularmente cuando se trata de asuntos políticos, negocios, académicos o de carácter social, tal y como es el caso actual que une lo político y lo social, en desprecio al Estado de Derecho y el régimen de legalidad. Aunque se afirme lo contrario, por ciertos personajes inmencionables
En nuestro país, pasamos por una coyuntura que algunos analistas de los que por estos días abundan por doquier, identifican como una crisis de Estado. Para otros, es de origen social o simplemente, un pulso entre una débil institucionalidad y una minoría arropada por la Iglesia Católica, por cierto acusada por un manifestante de Cayalá como el opio de los pueblos. Además, algunos actores de la comunidad internacional y analistas, que en parte hicieron creíble un fraude electoral y una conspiración de golpe de Estado, contra quien no ostenta ningún cargo público; pero que sin duda la sola posibilidad de que fuera contra del actual mandatario, sería visto con agrado por más de alguno de sus opositores, que los tiene a montones.
Las variables determinantes de la coyuntura que observamos actualmente, se sostienen con base en dos supuestos: el primero es el fraude electoral y el segundo se refiere a la existencia de golpe de Estado, que tiene como actores relevantes, entre otros, a los magistrados del TSE; la fiscal General del MP[1]; el binomio presidencial electo, ahora en la cómoda posición de testigo; la OEA; los medios de comunicación: plataformas informáticas desde las cuales se desinforma permanentemente o son empleadas para alinear noticias catastróficas generadoras de incertidumbre y descontento en los guatemaltecos, y finalmente está un grupo de campesinos que son los operadores de manifestaciones y bloqueos, quienes dicen defender la democracia en representación del pueblo de Guatemala.
La tiranía de las masas es lo que se observa desde hace unos diez (10) días, en los que un grupo de campesinos del departamento de Totonicapán, cuya oferta de mano de obra en el área de textiles se redujo por la inexistencia de demanda, según un diagnóstico de USAID (2019), difundido en un informe sobre los avances del CORREDOR ECONÓMICO, del que este departamento es parte junto a Quetzaltenango y Quiché.
A pesar de lo anterior, personas oriundas de Totonicapán decidieron emplear sus limitados ahorros, abandonar a su familia, sus telares y sus ritos ancestrales, para venir a tomar el control territorial de áreas estratégica del país, principalmente de la ciudad capital, para exigir la renuncia de la Fiscal General, porque según su criterio atenta contra la democracia. Pero, son incapaces de intervenir en el conflicto entre Nahualá y Santa María Ixtahuacán, para poner fin a ese conflicto ancestral.
Sus manifestaciones en la ciudad capital y el bloqueo de rutas, entre otros nos regresó al teletrabajo e impulsó el alza en la canasta básica (Q 3,825.00). Eso sí, la situación fue oportuna para tenderos, comercios y en los mercados que rápidamente re etiquetaron sus productos con nuevos precios, para ganar unos quetzales más, a costa de los guatemaltecos más desamparados.
También ha provocado despidos de colaboradores de algunas empresas, aunque lo mejor es llamarlos empleados, trabajadores o asalariados, justo a pocos días de terminar el año, incrementado el bolsillo de algunos comerciantes que ya no pagarán el aguinaldo completo. Quizá, lo más injusto fue quitarles a los alumnos su participación y celebración del cierre de sus carreras, ya que la mayoría de los colegios decidió cerrar de una vez el ciclo escolar.
¿Qué más han logrado a la fecha, sin proponérselo? Ahuyentar el turismo que dicen necesitar para el desarrollo de sus comunidades, propiciar el mercado negro de combustible, favorecer a los prestamistas y usureros, asustar a algunos ricos que los apoyaban, limitar la actividad agrícola de otros campesinos, obstaculizar el desplazamiento de los vehículos de transporte de valores para abastecer los cajeros, boicotear la labor de los recolectores de basura. Además de inmovilizar a la Policía Nacional Civil, mientras el crimen organizado termina de consolidar el norte del país, despertar la lucha de clase de la mano de la Iglesia, que para ellos es el “opio del pueblo” y, podría agregar un amplio etcétera.
La solución de la situación esta en manos de quienes fueron designados por la OEA, inicialmente con los generadores del conflicto, principiando por convencer a los campesinos de que las manifestaciones, no se deben expresar con bloqueos o secuestro de empleados de servicios estratégicos, como el agua y la energía eléctrica. Asimismo, dejar claro, que las verdaderas víctimas somos quienes estamos siendo limitados en el disfrute de nuestros derechos y calidad de vida; mientras que los funcionarios usados como excusa están ajenos a las limitaciones señaladas.
Los mediadores OEA, tendrán que aclarar la veracidad y demostrar la injerencia de algún país u organismo internacional, en la entrega de recursos financieros mencionado por el presidente Giammattei en su alocución esta semana (09/10/2023): “… quiero informar al pueblo de Guatemala que durante la semana pasada estuvimos reuniendo las evidencias que comprueban qué fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a Ong´s nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y la logística de los bloqueos” Así como “…ataques cibernéticos en las páginas del ejecutivo” que provocó y sostiene el caos que actualmente se vive en Guatemala y, ojalá, que no escale a situaciones similares, como Bolivia, Ecuador y Perú.
[1] Que investiga a: magistrados titulares y suplentes del Tribunal supremo Electoral, así como el Departamento Informático de la misma entidad por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes y la inscripción del señor Manuel Antonio Baldizón Méndez, que se encuentra sindicado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso Odebrecht, en donde está ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos
