MP solicita a CC debida ejecución de amparo
El Ministerio Público (MP), solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), que se ejecute debidamente un amparo otorgado hace unos días al sector empresarial, a fin de preservar el orden público, ya que ni el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, ni el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, han tomado ninguna medida para garantizar la libertad de locomoción de los guatemaltecos.
Redacción
La tarde de este domingo, el MP dio a conocer que la Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal solicitó ante la CC la debida ejecución del amparo «con el fin de que se ordene al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro de Gobernación, al Director General de la Policía Nacional Civil y al Procurador General de la Nación, para que den efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte».
El ente investigador enfatiza en que deben tomarse «todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia con otros derechos que asisten a la población y que en caso de incumplimiento se certifique lo conducente conforme lo establece la ley».
Al momento, Guatemala vive una situación caótica que puede derivar en una crisis de proporciones inimaginables. Los alimentos escasean, transportistas tiran contenedores enteros de vegetales de exportación y grupos de vándalos amenazan con cerrar comercios y de hecho, ya irrumpieron en más de uno.
Entretanto, los «manifestantes» que usan las mismas tácticas terroristas que sus homólogos chilenos, fueron embestidos por lo menos tres veces por vehículos hartos de que se viole la libre locomoción y se produjo un tiroteo en Sololá, con muertos y heridos.
Aparentemente, el caos busca garantizar que el MP desista de investigar las irregularidades de las elecciones y su objetivo es la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, a cargo de dicha investigación.
De cumplirse el amparo, el país retornaría a sus actividades productivas, mientras las manifestaciones siguen estando garantizadas por la Constitución, en tanto no violen los derechos de otros ciudadanos.
