De mi biblioteca, no tan lejos de la coyuntura
En esta oportunidad compartiré algunos párrafos de artículos relacionados con la importancia del diálogo, como medio para solucionar conflictos o al menos como herramienta para generar la interacción entre los contendientes, así inició la formalización de las conversaciones de paz en España (1987), con base a los Acuerdos de Esquipulas, que hago referencia a continuación.
Hace 22 años publiqué en elPeriódico (13/11/2001) el artículo “LA AGENDA NACIONAL Y LOS PARTIDOS”, relacionado con la búsqueda de la paz iniciada formal y oficialmente con la aceptación del grupo de Contadora como mediador (1983). “A los guatemaltecos se les hizo creer que el logro de la paz daría como resultado automático la solución de la crisis política, económica y social del país. Pero, esta sólo trajo consigo mayor desilusión. En la campaña presidencial de 1999 los partidos políticos y sus dirigentes nuevamente ajustaron sus discursos proselitistas alrededor del desarrollo de la agenda de paz. Así llega el 14 de enero del 2000, asumiendo un nuevo gobierno el compromiso de hacer de los Acuerdos de paz, una política de Estado. ¿Y? Faltando dos años del gobierno de turno convocó a un diálogo nacional, que vuelve a tener como referencia los acuerdos de paz. ¿Qué se puede esperar? Sí a cinco años de la firma de la paz, lo único tangible es la finalización del enfrentamiento armado interno.
Nueve años más tardes la coyuntura me llevó a escribir “DIÁLOGO O PACTO, ¿PARA QUÉ? (25/01/2010) centrado en los avatares de la reforma fiscal, que obligó al presidente a plantear la necesidad de un diálogo, para tratar asuntos como: La gobernabilidad, readecuación presupuestaria, reactivación y el tema social. Lo cierto, es que la situación del país demanda compromisos concretos o sea un pacto, entendido como “Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado” (DRAE).
Aclarando, que no se trata de que cada sector se siente con un empleado menor del Ejecutivo, para contarles sus penas y que le proponga en que debe ceder, para beneficiar sus intereses sectoriales. “Si nuestro país está por sucumbir, se hace necesario un pacto político que garantice su cumplimiento en el largo plazo, sustentado en objetivos acordes a la realidad nacional y aceptar su implementación, para no caer en el error de esperar soluciones mágicas, como la firma de los Acuerdos de Paz, hoy superados por la realidad. Tampoco hay que creer, que los objetivos deben corresponder únicamente a demandas sectoriales, gremiales, grupos de presión o de interés. Si no, responder a la realidad nacional.
Concluyendo, con la cita de Rojas Aravena Francisco y Fuentes Saavedra Claudio. (FLACSO. 2004), con relación que: “El centro de gravedad de un pacto político, debe ser la gobernabilidad, dependiente de una ecuación que considera el desarrollo político-institucional, el desarrollo económico y social y la integración de la población” e intentando llevar a la práctica la propuesta de Camou Antonio (1961), en Gobernabilidad y democracia, en cuanto a: “La consecución de un “estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental”.
En el “EL DIALOGO COMO EXPERIENCIA” (04/10/2017), hice referencia a la importancia del diálogo, en el cual relaté los recuerdos vivenciales de diálogos en nuestro país, mencionando inicialmente, el iniciado el General Mejía Víctores (+), que por convino en dialogar con los representantes del Grupo de Contadora (1983), primeros intermediarios del proceso de paz guatemalteco, cuya dinámica instituyó las bases para las futuras conversaciones con la URNG.
La segunda experiencia fue durante el gobierno del presidente Marco Vinicio Cerezo, cuando tomó la decisión de realizar la primera reunión oficial con la URNG (1987), en la cual estuve presente y cuyas bases fueron: “Amnistía para los insurrectos; Previa deposición de las armas; Incorporación a la actividad legal y política”, rechazadas por esta, pero, ello no redujo los siguientes encuentros con el Estado de Guatemala.
La tercera, fue la depuración del Congreso (1993) durante el gobierno de transición del presidente Ramiro De León Carpio, en la que fui participe por instrucciones del presidente: Pérez Molina y el coronel Mario Alfredo Mérida, asistieron a los encuentros iníciales, para garantizar una actitud seria de parte de los parlamentarios. Los delegados presidenciales pusieron como prerrequisito para emprender cualquier negociación que los congresistas se comprometieran a renunciar antes del 1 de julio de 1994. Al parecer, este compromiso no fue aceptado de muy buena gana por los diputados, con excepción de los de la bancada de la DC. (R. Crónica. 12/Nov/1993). Algunos criticaron esta salida a la crisis, pero la oportuna intervención de la Corte de Constitucionalidad aseguro una nueva etapa, que inicio con el evento electoral que llevó a la presidencia a Álvaro Arzú, quién culminó el diálogo con la guerrilla iniciado por el presidente Cerezo.
El artículo más reciente que viene al caso citar, es el titulado “INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL” (2017), que principia con la frase “Fiat justicia et ruar cael” grabada en el escritorio de un tribunal norteamericano, que traducida significa “Hágase justicia, aunque se hunda el cielo, aunque perezca el mundo, pase lo que pase”
El tema central fue acerca de los juicios contra exfuncionarios sindicados de corrupción y la legalidad de las decisiones de las Cortes: “Escucharemos explicaciones, rematadas por las opiniones de expertos, columnistas y otras personas no tan versadas en el funcionamiento del sistema de justicia. En este artículo compartí párrafos de las ponencias de algunos expertos internacionales asistentes a un seminario auspiciado por Suecia y Canadá (Enero/31/17. CICIG. COMUNICADO 009), realizado en el país sobre el tema. “el jurista Sergio García Ramírez, dijo de la función del juez: Estamos en la era del poder judicial, estos son los días de la magistratura, ya no del gobernante unipersonal; esta es la hora de la magistratura que ha de ejercerla con independencia, imparcialidad y competencia, lo cual debe estar garantizado por el mandato constitucional y la voluntad del pueblo”. Asimismo: “Afirmó que en la actualidad el juez contemporáneo es un constructor del orden jurídico porque interpreta e integra la normativa que sirve a una sociedad…
El doctor Hugo Lorenzo, resaltó la importancia de que los jueces tengan “una sólida formación de conocimientos de la realidad social, la ética, la justicia y del derecho aplicable en los casos que el juez debe juzgar, fundamentales para la independencia judicial’, además de una buenas selección, capacitación y remuneración”.
Y, el ex Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, cerró el evento con estas palabras: ‘… la justicia tiene que beneficiar a las personas, ser impartida por personas independientes, capaces, que reúnan todos los atributos del buen juez Las resoluciones de las Cortes y el Congreso, por más apegadas a derecho serán insuficientes, si los guatemaltecos interesados en que se supere la crisis, no las aceptan con madurez. Esperemos que los actores determinantes estén a la altura de las circunstancias”
Finalmente es importante dejar sentado que quienes deambulan en las calles y limitan la libre locomoción -el fin no justifica los medios-, no necesariamente representan el sentir del PUEBLO guatemalteco, mayormente preocupado por las extorsiones -no por los imitadores-, por mantener a flote sus negocios, consolidar sus empleos y lidiar con el alto costo de los alimentos. Ahora, más impactados por demandas e intereses sectoriales.
En la actualidad diversas voces han expresado la pertinencia de un diálogo; propuesta compleja en esta coyuntura, porque se debe estar convencido de lo que significa, es decir, se trata de «buscar la salida a la situación”; lo que lleva a preguntar ¿Quiénes serían los representantes de la sociedad civil?; ¿Cuál es el tema central?; ¿Con que fin? Y, en cualquiera de los casos ¿Quién o quiénes serían los testigos de honor?, porque sin estos el encuentro no tendría credibilidad. Quizá, es momento que intervenga el próximo binomio presidencial, para iniciar con buen pie su período. Si no corresponderá a la OEA mediar, ante la pérdida de legitimidad de algunos actores relevantes que se decantaron en favor o en contra de las partes en conflicto. (06/10/2023)