Linares Beltranena y Sagastume Vidaurre: los abogados que lograron detener el saqueo al Estado

Fernando Linares Beltranena y Diego Sagastume Vidaurre son los dos abogados a los que la Corte de Constitucionalidad (CC), mencionó en el comunicado en el que anuncia el amparo provisional «por vicios formales» a nueve acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto 2026. El comunicado emitido por el gobierno como respuesta parece aceptar que el presupuesto 2026 pasó a la historia y entrará en vigencia el presupuesto actual.

Redacción

¿Quiénes son los abogados que lograron suspender (probablemente en definitiva), el despropósito del presupuesto que pretendían Bernardo Arévalo y su círculo más cercano? En primera instancia, cabe mencionar a Fernando Linares Beltranena, cuyo nombre es ampliamente conocido hace mucho tiempo.

Linares Beltranena fue electo como diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Como uno de los redactores de la actual Constitución, su conocimiento del tema es innegable y en el transcurso del tiempo, destacó como jurista, diputado e implacable defensor de la libertad individual, la propiedad y la familia.

En su última legislatura, Linares logró evitar la propuesta de reformas constitucionales que pretendían imponer la embajada estadounidense de Todd Robinson, Thelma Aldana y la CICIG. Como diputado, estuvo prácticamente solo, si bien apoyado por cientos de ciudadanos y sus hábiles asesores.

Desde hace más de 40 años, cada vez que la libertad y la Constitución estuvieron en juego, Linares Beltranena alzó la voz y muchas veces, frenó la agenda perversa y la injerencia extranjera, si bien esto le costó la sanción en la Lista Engel y ser detractado por medios de ultraizquierda.

Ayer, las acciones que este jurista interpuso junto con Diego Sagastume Vidaurre recibieron una respuesta favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Pese a su juventud, Sagastume Vidaurre es un nombre reconocido y un abogado que en breve tiempo logró sumar más de un triunfo legal en defensa de la libertad. Por ejemplo, en marzo, su acción ante la CC logró suspender la unificación del NIT con el CUI (documento personal de identificación), pretensión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con muchos visos de totalitarismo y control de la individualidad ciudadana.

En 2023, el abogado accionó sin éxito, contra las irregularidades patentes en la segunda vuelta electoral y aunque esta acción no frenó la toma de posesión (impulsada por la embajada de EE.UU, organismos internacionales y grupos de presión), el hecho fue un precedente histórico y documentó los múltiples indicios de fraude.

Ahora, junto con Linares Beltranena, consiguió que la CC detenga provisionalmente la vigencia de un presupuesto enorme y que además está plagado de ilegalidades. Más de algún analista ya menciona que en la decisión de la CC puede haber influencia del cambio de personajes en la embajada de EE.UU. Pero independientemente del contexto, el hecho es que la mayor probabilidad es que el presupuesto 2026 no entrará en vigencia y el gobierno deberá funcionar con el presupuesto 2025 (ya exageradamente alto y que no lograron ejecutar).

Al respecto, es ilustrativo el comunicado del gobierno, en el que reconoce que su propuesta no será vigente, pero presentará al Congreso «una propuesta para modificar el presupuesto». Es decir, la intención del gobernante Bernardo Arévalo sigue siendo «jugarle la vuelta a la ley», pero en cualquier caso, reconoció la derrota legal con la que finaliza un año de administración desastrosa en todos los sentidos.