CC en la encrucijada que impone un presupuesto infame

Hoy, un grupo de guatemaltecos, asesorados por abogados, economistas y politólogos que trabajan ad honorem por la patria, interpondrá el primer amparo para frenar el Presupuesto 2026. De los 21 diputados que votaron en contra del mayor despropósito oficialista en el año que termina, ninguno realizó la mínima acción al respecto, pese a que aparentemente no estuvieron de acuerdo (si bien más de alguno de los supuestos opositores, eligió la prudente retirada para no votar abiertamente por el NO).

Los análisis especializados sobre las diferentes ilegalidades e inconstitucionalidades en la ley que regirá el gasto público del Estado en 2026 son varios y coinciden en señalar la absurda asignación de fondos a los CODEDES, de la que ya se especula no es más que una acción de política clientelar, que podría estar enfocada en proveer de fondos a la campaña electoral.

Otras dos bofetadas al chapín trabajador son: 1. La mayoría de los rubros va para funcionamiento de instituciones: pago de sueledos, alquiler de oficinas, insumos y otros gastos mucho menos necesarios, y 2. El infame artículo 85 de la normativa, que propone asignar fondos de la reserva monetaria para que Bernardo Arévalo convierta a Guatemala en accionista del CAF, banco con sede en Venezuela que sirve a la Agenda 2030.

Este es el aspecto de la normativa que más ruido hace entre los tanques de pensamiento, ya que el artículo en mención es abiertamente inconstitucional.

Sin embargo, aunque este sea el más escandaloso de los artículos aprobados por diputados de los que se rumora fueron amenazados pero también sobornados, el presupuesto de Q163,469 millones que entrará en vigencia si la CC no le pone un freno a este gran abuso, contiene demasiadas irregularidades. Para empezar, el hecho del sustancial incremento de fondos para ministerios y entidades que no lograron ejecutar debidamente el ya oneroso Presupuesto 2025.

Aunque Jonathan Menkos, apodado «contador de la mafia», asegure que el presupuesto fue ejecutado debidamente y el gobierno maquille los datos, la realidad de Guatemala es devastadora y la inmovilidad del gobierno en términos de obra pública y desarrollo es tan evidente que no necesita exponerse.

El fracaso en todos los aspectos que competen al Estado es tan grande que ya ni siquiera se mencionan los 15 miembros del Barrio 18 que permanecen libres, mientras el ex ministro Jiménez viaja por el mundo y el nuevo ministro observa impávido que en tres días, se encontraron 10 cadáveres y dos osamentas en Santa Lucía los Ocotes, en tanto el caso de Nahualá, donde hubo 13 muertos y la incursión de narcos mexicanos a territorio nacional, podrían dar paso a nuevos titulares de violencia y terminar desplazados por nuevas noticias, más sensacionalistas sin que el ministro Marco Antonio Villeda reaccione.

Es imposible que los magistrados de la CC desconozcan el panorama dramático del país que cada vez se deteriora más en todos los aspectos de la administración pública. Solo estos 10 magistrados y sus suplentes tienen el poder para parar el premio a la ineptitud, corrupción y malos manejos del gobierno.

Secreto a voces es que los magistrados de esa y todas las cortes han sido presionados más de una vez con amenazas externas como perder la visa estadounidense y sobornos. Hoy, el futuro de Guatemala está en sus manos. Se encuentran ante la disyuntiva de avalar el presupuesto más grande e inconstitucional de la historia, cuyo destino es incierto pero evidentemente no se usará en seguridad ni carreteras, y decirle NO al saqueo contra los chapines.

Su decisión es crucial para el país y sus nombres quedarán escritos en la historia. Guatemala y su Constitución. Ojalá su fallo no sea contra los guatemaltecos.