Más que un conflicto limítrofe: control territorial y economías criminales
Durante años, distintos gobiernos han insistido en reducir la violencia entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán a un “conflicto limítrofe” o una disputa histórica por tierras comunales. Sin embargo, esa explicación resulta cada vez más insuficiente y conveniente.
Redacción
Desde hace tiempo, líderes comunitarios, analistas de seguridad y reportes extraoficiales coinciden en que el trasfondo real va más allá del territorio y apunta al control de corredores estratégicos utilizados por estructuras criminales vinculadas al cultivo y tráfico de drogas, así como a otras economías ilícitas que se disputan espacios clave en la región.
El más reciente estallido de violencia entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dejó al menos 15 personas fallecidas, decenas de heridos y un número indeterminado de desaparecidos, según autoridades comunitarias y municipales, cifras que superan o contradicen los reportes oficiales. A ello se suman denuncias de víctimas civiles, incluidos dos menores de edad, en hechos que aún no han sido esclarecidos.
La negativa persistente del Estado a reconocer esta dimensión criminal ha tenido consecuencias graves: la ausencia de investigaciones profundas, la falta de inteligencia estratégica y una respuesta centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, sin desmontar las redes que operan en la zona. El resultado ha sido una violencia cíclica que castiga a la población civil mientras los verdaderos actores armados se diluyen entre narrativas oficiales incompletas.
El papel del Gobierno y las preguntas sin respuesta
En este contexto, las recientes declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró que “no existen condiciones en las comunidades para iniciar un diálogo”, abren más interrogantes que certezas.
¿Por qué, entonces, se optó por un Estado de Prevención sin que exista un proceso previo de esclarecimiento de los hechos?
¿El presidente ordenó, permitió o desconocía las acciones concretas del Ejército en el área durante los enfrentamientos?
Estas preguntas adquieren mayor gravedad ante los señalamientos directos de pobladores, quienes aseguran que un helicóptero militar habría disparado contra áreas pobladas, provocando la muerte de menores de edad. Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado una investigación independiente, no ha permitido peritajes externos ni ha facilitado el acceso pleno de observadores imparciales que puedan corroborar o descartar estas acusaciones.
Negación oficial y criminalización selectiva
En lugar de abrir líneas de investigación creíbles, el discurso oficial ha insistido en atribuir los hechos exclusivamente a “grupos armados ilegales”, sin explicar quiénes son, cómo operan, desde cuándo y con qué nivel de infiltración en el territorio.
Esta narrativa no solo evade responsabilidades, sino que deslegitima de entrada los testimonios de la población, que denuncia haber quedado atrapada entre actores armados, fuerzas estatales y un Estado que responde tarde, mal o no responde.
La negativa a investigar seriamente los señalamientos contra el Ejército contrasta con otros episodios del pasado reciente, como la Cumbre de Alaska, donde la reacción institucional, judicial y de organizaciones de derechos humanos fue inmediata y contundente.
Hoy, con al menos 15 personas muertas, decenas de heridos y comunidades atemorizadas, no se observa la misma exigencia de verdad ni de rendición de cuentas.
Silencios que pesan
A este escenario se suma el silencio incómodo de organizaciones históricamente activas, como los 48 Cantones de Totonicapán, y de múltiples ONG de derechos humanos que en otros contextos han tenido una presencia visible y beligerante.
¿Por qué ahora no hay misiones de verificación?
¿Por qué no hay comunicados exigiendo investigaciones independientes?
¿Por qué no hay acompañamiento a las víctimas?
El conflicto en Nahualá e Ixtahuacán ya no puede explicarse únicamente como una disputa ancestral por tierras. Es una crisis de seguridad, de derechos humanos y de verdad, en la que el Estado parece optar por la negación, la militarización y el silencio institucional, mientras la población sigue pagando el costo más alto.
