CIDH pretende que Guatemala cambie leyes para permitir el aborto
En Guatemala, la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la vida desde la concepción y el aborto está considerado un delito. Esto es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pretende eliminar para promover el aborto legal.
Redacción
El organismo internacional se atribuye derechos que trascienden las leyes del país en su informe. Por ejemplo, exige «el fortalecimiento del marco normativo sobre derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con los estándares
interamericanos, mediante la adopción de legislación sobre educación sexual integral que garantice su implementación en
todos los niveles educativos; la eliminación de restricciones jurídicas que impiden el acceso al aborto seguro, conforme al principio del interés superior y el derecho a la salud; y la no adopción de iniciativas legislativas o políticas que restrinjan el acceso a información o servicios de salud sexual y reproductiva».
Para ubicar a Guatemala en la sintonía que pretende la CIDH: aborto legal, el país debería atravesar por un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, como establece el artículo 3 de la carta magna: «El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona».
Desde el artículo 3 al 46, se encuentran las normativas nacionales que garantizan los derechos individuales y esta serie de artículos, se denominan «rígidos». Solamente pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente, ente que se convoca para modificar la Constitución.
De esta manera, el informe de la CIDH tergiversa la realidad, cuando exige que Guatemala permita el aborto seguro, pero al mismo tiempo, se abstiene de mencionar la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el artículo 3 constitucional, que garantiza la vida desde la concepción, y abrir paso a otra carta magna, probablemente redactada según lo que ordenen los organismos internacionales.
Aunque la posibilidad es remota por el momento, resalta el interés de la CIDH para promover la matanza de nonatos, que en el lenguaje de lo «políticamente correcto», se ha dado en llamar «interrupción del embarazo», un eufemismo para evitar la verdad: el aborto es un asesinato.
