US$1 mil millones bajo la Agenda 2030: el nuevo plan de la ONU para Guatemala
La ONU promete US$1 mil millones a Guatemala, destinados a cumplir con los ODS y la Agenda 2030.
Redacción
La firma del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2026-2030 entre el Gobierno de Guatemala y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) abre la puerta a una asistencia estimada de hasta US$1 mil millones durante los próximos cinco años.
Sin embargo, detrás del anuncio financiero vuelve a aparecer el esquema ya conocido: un plan de acción alineado casi por completo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, cuyo impacto real en el país continúa siendo objeto de debate.
El documento, presentado en el Palacio Nacional de la Cultura, plantea cuatro grandes ejes: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, Estado de derecho, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico inclusivo.
Aunque la cooperación promete abarcar desde la reducción de la pobreza hasta la igualdad de género, las prioridades estratégicas siguen el mismo molde que Naciones Unidas ha impulsado en la mayoría de países.
Un plan amplio, pero difuso
El texto establece que el SNU trabajará con el Ejecutivo para “disminuir la pobreza y garantizar la educación, la salud y la igualdad”.
No obstante, pese a que cada área luce ambiciosa, el marco operativo continúa siendo demasiado general, sin metas verificables que permitan evaluar si el uso de los fondos se traduce en mejoras concretas para la población.
En el campo económico, por ejemplo, se habla de promover “inversiones sostenibles y resiliencia productiva”, pero no se presenta una hoja de ruta detallada para mejorar la competitividad, resolver los cuellos de botella logísticos o impulsar el crecimiento más allá del discurso.
Otra apuesta por la Agenda 2030
La alineación del plan con el “Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032” y con los ODS confirma que Guatemala seguirá vinculada a un esquema internacional que muchos países han comenzado a cuestionar por su alto costo, baja eficiencia y falta de adaptación a realidades locales.
La Agenda 2030, que se ha convertido en un marco político global, suele priorizar proyectos de impacto social inmediato pero deja rezagadas reformas estructurales en temas institucionales.
El aporte financiero vuelve a supeditar el rumbo del país a la Agenda 2030, un esquema global que, pese a su narrativa de desarrollo sostenible, incorpora componentes ideológicos y prácticas alineadas al globalismo, donde los objetivos se diseñan en foros internacionales y luego se aplican de manera uniforme a los países que aceptan alinearse.
