Diputado del clan Rivera señala a Omar Barrios de «terrorismo jurídico»
El diputado Juan Carlos Rivera, de la familia incrustada en la política hace décadas, acusó al abogado independiente Omar Barrios de ejercer «terrorismo jurídico», por un comentario de Barrios sobre una de las tantas ilegalidades contenidas en la ley del presupuesto, avalada por la mayoría de «dignatarios». El abogado no demoró en responderle al político de forma contundente.
Redacción
La familia Rivera y específicamente, Rivera Estévez, es conocida porque se insertó en la política hace tiempo, desde que Abraham Rivera, el patriarca, fue alcalde, diputado y secretario de la municipalidad de Guatemala. ¿Filiación política? es lo de menos. Los integrantes del clan pasaron por el Partido Patriota, Líder y finalmente su propia organización familiar, el partido Victoria.
Juan Carlos Rivera Estévez, actualmente diputado y tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, fue contratista del Estado durante el gobierno del PP y su partido Victoria, consiguió cuatro curules en 2020, de las que dos fueron para los hermanos Rivera Juan Carlos y Manuel de Jesús, en tanto el hermano Edgar Abraham, fue electo alcalde de Escuintla.
El político que señala al ciudadano de terrorismo
En sus redes Omar Barrios, quien no teme opinar con datos y fundamentos jurídicos, expuso los vicios, ilegalidades y arbitrariedades del Presupuesto 2026. Entre estas la que podría acabar con la cuestionada ley, si algún abogado interpusiera un recurso de amparo contra el disparate gubernamental de pretender que el Banguat provea fondos del Estado (reservas monetarias) para financiar el ingreso de Guatemala a un banco globalista con sede en Venezuela.
Como respuesta a la afirmación de Barrios, el político lo acusó de «terrorismo jurídico» y originó una polémica entre ambos en redes.
«¿Un diputado señalando a un ciudadano de «terrorismo jurídico» por una explicación? ¿En serio ese es su argumento?», mencionó Barrios en la respuesta, donde recuerda que «el Congreso se pasó por alto el artículo 133 constitucional».
Al margen de lo disparatado pero peligroso que resulta el señalamiento de «terrorista» cuando parte de un personaje miembro de la casta política más rancia, queda claro que en el Congreso existe un férreo consenso para defender «su parcela». Es decir, un presupuesto ofensivo para el pueblo, desfinanciado y poco realista, pero además inconstitucional.
Y además de evidenciarse el consenso, queda claro que la ideología no pasa por el ejercicio de los políticos guatemaltecos, unidos en torno al proyecto lucrativo que denominan «presupuesto general de la nación», que une estrechamente a ex miembros del PP con ex socialistas keynesianos como Arévalo o Menkos.
