TSE-Semilla: ¿cuál es el camino correcto?

El sábado recién pasado, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), obstaculizaron abiertamente las diligencias del Ministerio Público (MP), al finalizar el allanamiento a la sede del TSE, donde inexplicablemente, se encontraban las cajas con las actas números 4 y 8, que debieron estar en el Parque de la Industria, junto con otros documentos del proceso electoral.

El espectáculo que dieron algunos de los magistrados puede calificarse como deplorable, especialmente en el caso de Blanca Alfaro, quien perdió la compostura debida a su rango más de una vez, llegando a meter los dedos en las orejas de un fiscal, en clara intención de provocar una respuesta agresiva que no se dio.

Al final del allanamiento, los magistrados se mostraron contritos y algunos de ellos, llorando en público. Poco después, la presidente Irma Palencia dijo que se sienten en situación “de soledad y abandono”, ya que sus acciones legales son transferidas de una instancia a otra.

El TSE pretende que la Corte de Constitucionalidad (CC), blinde a esa institución contra la investigación del Ministerio Público, que innumerables veces ha señalado que los delitos electorales deben ser investigados penalmente, según lo indica la ley vigente.

Por su parte, el candidato electo Bernardo Arévalo tomó partido incondicional con el TSE, pese a que luego de la primera vuelta, candidatos de Semilla como Nino Matute clamaron contra el supuesto fraude en la elección municipal. Cabe recordar que Semilla mantuvo el discurso de prácticas fraudulentas en las elecciones hasta que milagrosamente resultó en primer lugar durante el balotaje.

Lo sorprendente es que ni Arévalo ni los magistrados quieran transparentar las diversas irregularidades en la segunda vuelta y lejos de abonar a la gobernanza y gobernabilidad apoyando las investigaciones y esclareciendo las dudas, toman la actitud de atrincherarse y, en el caso de Arévalo, pedir apoyo popular para que se realicen manifestaciones diversas.

Curiosamente, los votantes capitalinos han sido indiferentes hasta el momento a los llamados a la insurrección de Arévalo. Sin embargo, grupos como los 48 Cantones (financiado por USAID), cuya actividad principal supuestamente es proteger el bosque húmedo, han protagonizado algunas protestas y bloqueos de carreteras poco concurridos pero que dejan mal sabor a quienes son víctimas de esta acción punitiva que provoca millones de pérdidas en mercaderías y retrasos en la actividad productiva.

Sumado a los llamamientos ciudadanos, Bernardo Arévalo ya demostró a los guatemaltecos quiénes son sus aliados, con la asistencia al Grupo de Puebla, donde se reunió con Carlos Manuel López Obrador y varios presidentes hispanoamericanos reconocidos por ser aliados de las dictaduras venezolana y cubana.

Imprescindible es recalcar que muchos de estos aliados fueron procesados por diversos casos de corrupción en sus países y cuando han gobernado, su principal sello fue la inclemente subida de la inflación y las columnas de migrantes que huyen de esos gobiernos.

Pero más allá de la hoy declarada afinidad con el Grupo de Puebla, Arévalo exhibe como la carta bajo la manga su obsecuente adhesión al Departamento de Estado Estadounidense, donde varios funcionarios de tercer rango son férreos defensores de Semilla y de los operadores de justicia “prófugos o exiliados”.

En el contexto del escándalo de corrupción que recientemente rodeó al senador Bob Menéndez, la muestra de acato y solicitud de apoyo a los demócratas estadounidenses, es un indicio de cuál es el camino que seguiría Semilla al frente del Estado: la imposición de la Agenda 2030.

Estados Unidos no puede intervenir militarmente a Guatemala. En las altas esferas de la política estadounidense, el último de los problemas es el rifirrafe entre el TSE y el MP. Incluso las sanciones económicas que anuncian los defensores del TSE afines a Semilla parecen un sueño o un “petate del muerto”.

El camino correcto para Arévalo y los magistrados, es permitir que la investigación llegue a las últimas consecuencias, aportando las pruebas de descargo pertinentes. Solo así se conservarán la gobernanza y gobernabilidad que Guatemala tanto necesita.