Supremo intensifica ofensiva contra la familia Bolsonaro
El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presuntamente intentar “entorpecer” el proceso por golpe de Estado que enfrenta su padre, Jair Bolsonaro.
Redacción
Para analistas, la decisión encaja en un patrón de judicialización de la política que ha marcado el rumbo institucional de Brasil desde 2022.
La imputación, presentada tras una denuncia de la Fiscalía, alcanza también al bloguero Paulo Figueiredo y se basa en supuestos intentos desde Estados Unidos de “crear desconfianza” hacia las autoridades brasileñas y, en particular, contra el magistrado Alexandre de Moraes, figura que la derecha brasileña considera símbolo del activismo judicial.
La decisión del Supremo reaviva una discusión sobre el rol dominante de Alexandre de Moraes en casos que involucran a opositores al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Varios juristas críticos sostienen que el magistrado acumula un poder extraordinario, actuando simultáneamente como investigador, acusador y juez, una combinación que sectores de derecha califican como “incompatible con el debido proceso”.
Para estos analistas, las medidas contra la familia Bolsonaro –incluido el arresto domiciliario impuesto al expresidente meses antes de su condena– refuerzan la percepción de que el Supremo “opera políticamente”, especialmente en casos con alto impacto electoral o geopolítico.
Contexto geopolítico: tensiones con Estados Unidos
Según la acusación, Eduardo Bolsonaro habría alentado sanciones de Washington contra autoridades brasileñas, algo que sectores conservadores consideran una lectura excesiva y politizada de declaraciones públicas y alineamientos ideológicos en un clima de fuerte tensión bilateral.
Ese periodo coincidió con un deterioro diplomático entre ambas capitales: aranceles a exportaciones brasileñas, retirada de visados y críticas del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
En la visión de analistas políticos, estas tensiones fueron utilizadas por el Supremo para endurecer el discurso contra Bolsonaro y proyectar la narrativa de un “complot internacional”, lo que –según ellos– facilita justificar decisiones judiciales extraordinarias.
