Pandillero presenta acción contra ley antipandillas
El amparo interpuesto por un miembro de la MS ante la CC abrió un proceso que podría frenar la ley antipandillas. Ante esa posibilidad, diputados de varias bancadas y el Ejecutivo anuncian que están dispuestos a votar nuevamente, si la corte la suspende.
Redacción
Mientras la Corte de Constitucionalidad (CC) analiza el amparo presentado por un integrante de la Mara Salvatrucha (MS), el Ejecutivo y varias bancadas del Congreso ya adelantaron que insistirán en mantener o volver a aprobar la ley antipandillas que endurece penas contra estructuras criminales.
El 12 de noviembre, Dylan Smaily Archila García, alias “Sonriente”, presentó un amparo con el que busca frenar la entrada en vigor del decreto.
La acción argumenta que la normativa “viola derechos humanos y el principio de legalidad” al estigmatizar a pandilleros sin audiencia judicial previa.
Arévalo admite que ya se exploran ajustes
El presidente Bernardo Arévalo explicó que en el Congreso existen grupos que evalúan modificaciones para blindar la ley ante una posible suspensión de la CC.
Según Arévalo, los cambios eliminarían cualquier posible “excusa” legal para objetar el uso de la normativa contra las maras.
Sin embargo, diputados de varias bancadas respondieron que desconocen esas enmiendas y afirmaron que, si la CC ordena frenar la ley, volverán a aprobar el decreto sin cambios.
Bancadas se alinean: reaprobarla “sin tocarle una coma”
El diputado Byron Rodríguez (Todos) insistió que la normativa es “beneficiosa para la población”, al elevar las condenas para quienes lucran con la extorsión. Agregó que, de no resolverse a favor en los próximos días, el Congreso está listo para votar nuevamente.
La CC pidió la semana pasada un informe a la Junta Directiva del Congreso sobre el procedimiento legislativo. El presidente del Legislativo, Nery Ramos, aseguró que se respondió a todos los requerimientos y que la iniciativa fue discutida conforme a la Constitución.
Ramos calificó como “absurdo” dejar sin efecto una herramienta jurídica diseñada para enfrentar un fenómeno criminal que continúa creciendo.
