Oficialismo abre la puerta a construir en tierras comunales: ¿Nuevo impulso o pago de favores?
Con 112 votos favorables, el oficialismo logró que el Congreso aprobara en su redacción final las reformas al artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, una jugada que, bajo el discurso de “agilizar la ejecución de obras públicas”, parece esconder un trasfondo político mucho más conveniente.
Redacción
El cambio permite que el Estado ejecute proyectos de infraestructura como centros de salud, escuelas y caminos, no solo en terrenos de propiedad estatal, sino también en tierras comunales o colectivas administradas por pueblos indígenas. Para ello, bastará un acta de asamblea comunitaria que autorice el uso del terreno por un plazo de 20 años, renovable.
Minutos después de que el Congreso aprobara con 112 votos la reforma al artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, el presidente Bernardo Arévalo celebró el resultado con entusiasmo:
“¡Lo logramos! Este es un día histórico para empezar a corregir décadas de desigualdad y discriminación. (…) Es fruto del diálogo con las autoridades indígenas ancestrales”, publicó en sus redes.
El mandatario calificó la medida como un avance hacia la justicia social, al permitir la inversión pública en terrenos comunales, de pueblos indígenas o municipales. Sin embargo, detrás del tono triunfalista del Ejecutivo, persisten serias dudas sobre las verdaderas motivaciones y los efectos institucionales de esta reforma.
Asimismo, el vocero presidencial, Santiago Palomo Vila, reforzó el discurso oficial asegurando que con la reforma se “saldaba una deuda histórica con los pueblos indígenas”, destacando que la iniciativa había sido presentada junto a las propias autoridades ancestrales.
Oficialismo celebra reforma
Hasta ahora, la ley impedía invertir fondos públicos en terrenos que no fueran propiedad del Estado, para evitar abusos y conflictos legales. Pero con esta reforma, se abre la puerta a que millones de quetzales se destinen a obras en terrenos sin inscripción estatal, bajo acuerdos locales difíciles de fiscalizar.
La medida parece hecha a la medida de las alianzas políticas del oficialismo: grupos indígenas afines al gobierno, muchos de los cuales participaron activamente en los bloqueos y protestas que lo sostuvieron en los momentos más críticos del año, ahora podrían ser beneficiarios directos de inversión pública en sus territorios.
El argumento de “acelerar la ejecución de obras” resulta conveniente, pero superficial. En la práctica, esta modificación otorga al Ejecutivo un margen de discrecionalidad enorme para dirigir proyectos hacia comunidades específicas, sin los mismos controles patrimoniales ni jurídicos que antes exigía la ley.
En otras palabras, se abre la puerta a un sistema de clientelismo legalizado, donde la obra pública se convierte en moneda de pago político. El cambio no solo beneficia a las comunidades afines, sino también a contratistas cercanos y operadores locales del oficialismo.
